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    ENFOQUE JURÍDICO DE LA OPOSICIÓN CÍVICA

    Corriente Agramontista

    ________________________________________
    ENFOQUE JURÍDICO DE LA OPOSICIÓN CÍVICA
    Posted: 20 Apr 2017 07:28 PM PDT

    Este folleto didáctico parte de que la fórmula clásica de transición a
    la democracia: de la ley a la
    ley a través de la ley, exige perseverar en la relación de medio a fin
    por vías cívicas para
    rescatar la soberanía popular sobre la base de que si la libertad nace
    de la violencia, queda
    hipotecada a la barbarie.
    1. La oposición cívica tiene que discernir bien entre legalidad y
    legitimidad. La primera viene
    determinada por el orden constitucional del Estado y la legitimidad se
    refiere al orden político
    que, además de legal, se juzga como bueno y justo “por quienes se
    encuentran sujetos a él”1. La
    legalidad se impone y la legitimidad se discute. A tal efecto nada mejor
    que hacerlo por las
    vías legales. Hay que agotarlas todas dentro de Cuba antes de plantear
    los problemas de
    legitimidad en foros del exterior para evitar así que el gobierno cubano
    recurra a tachas de
    ilegalidad y la discusión se diluya en dimes y diretes. El
    restablecimiento de las relaciones
    diplomáticas Cuba-USA y el abandono de la Posición Común de la Unión
    Europea obligan a
    concentrarse aún más en deslegitimar al gobierno desde dentro (en el
    contexto jurídico nacional)
    y desde abajo (por acción del simple ciudadano).
    2. Aquí no se presentan propuestas interesadas de ningún grupo político,
    sino proposiciones
    lógicas (conforme a la ciencia jurídica) para que, mediante el diálogo
    con los actores políticos, se
    llegue a interpretaciones correctas que propiciarán a dichos actores
    tomar decisiones cuerdas
    en el contexto sociopolítico dado. Tal es la secuencia óptima de la
    relación entre teoría y
    práctica2, que presupone dialogar sobre la base de la mejor
    argumentación y considerar a los
    actores políticos como la instancia definitiva para validar o invalidar
    cada propuesta teórica en
    la práctica e ir así enriqueciendo la teoría.
    1
    HABERMAS, JÜRGEN: “Problemas de legitimación en el Estado moderno”, en
    La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid:
    Taurus (1981), pp. 243 ss.
    2 HABERMAS, JÜRGEN: Theory and Practice, Boston: Beacon Press (1974), p. 32.
    Práctica
    Teoría
    Diálogo
    2
    3. La lucha por la democracia discurre en dos ejes: horizontal (reclamar
    derechos) y vertical
    (decidir quién gobierna)3. Para encauzarse por vías estrictamente
    legales, la oposición cívica
    comprende quejas, denuncias y cualesquiera otras reclamaciones de
    derechos ciudadanos que
    plantean problemas de legitimidad a las autoridades, así como el
    ejercicio del voto para formar
    gobierno.
    4. La base de la legalidad es el orden constitucional y resulta que
    hasta juristas en ejercicio
    dentro de Cuba reconocen que la Constitución Socialista (1976) reformada
    (2003) “es poco
    conocida, poco celebrada, se invoca de forma extraordinaria, nadie pelea
    desde ella, y una parte
    de su letra si no está muerta lleva desmayada muchos años”4. La
    oposición cívica tiene entonces
    la oportunidad de invocar la constitución vigente y pelear desde ella en
    ambas dimensiones de la
    lucha por la democracia.
    En el eje vertical, el único asidero constitucional es el voto: “Cada
    elector tiene derecho a un
    solo voto. Las elecciones periódicas y referendos populares serán de
    voto libre, igual y secreto”
    (Artículo 131).
    La elaboración de proyectos de leyes para presentarlos a la Asamblea
    Nacional (AN) con el aval
    de diez mil o más firmas no es viable. La respuesta de la AN al Proyecto
    Varela, el 1ro de
    noviembre de 2002, dejó claro que “ni la Constitución de la República ni
    el Reglamento de la
    AN establece la recolección de firmas, cualquiera que fuese su número,
    para promover la
    iniciativa legislativa”.
    Antes que empeñarse en cambiar la legislación hay que hacerlo en cambiar
    a los legisladores. A
    tal efecto, las acciones precisas al amparo de la Ley Electoral (LE) son
    proponer candidatos en
    las asambleas de nominación para las elecciones municipales y votar
    negativo en las elecciones
    generales, así como prevenir y denunciar el fraude en toda elección, tal
    como se detalla más
    abajo en policy paper.
    3 SARTORI, GIOVANNI: ¿Qué es la democracia?, México D.F.: Taurus (2003),
    p. 133.
    4
    FERNÁNDEZ ESTRADA, JULIO ANTONIO: “Un piropo para la constitución
    cuarentona”, en OnCuba, 16 de abril de 2016.
    GOBIERNO
    DERECHOS
    Votos y reclamos
    3
    En el eje horizontal, hay dos asideros fundamentales: la reclamación por
    daños y perjuicios más
    la queja y petición a las autoridades.
    • ARTICULO 26. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado
    indebidamente por
    funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las
    funciones propias de sus
    cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o
    indemnización
    • ARTICULO 63. Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y
    peticiones a las
    autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo
    adecuado,
    conforme a la ley.
    La reclamación de reparación o indemnización tiene que presentarse, por
    lo general, con
    asistencia de abogado ante el tribunal competente por razón de cuantía:
    el tribunal provincial
    para reclamaciones de más de mil pesos y el tribunal municipal para
    reclamaciones de mil pesos
    o menos. Los trámites corren por la Ley de Procedimiento Civil,
    Administrativo, Laboral y
    Económico (LPCALE) y el instrumento jurídico pertinente debe elaborarse
    por el abogado.
    Salvo que se actúe por su propio derecho o en nombre de familiares
    allegados, ese abogado tiene
    que pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y
    no puede negarse a
    prestar el servicio. El propio Decreto-Ley 81/1984 sobre el ejercicio de
    la abogacía y la ONBC
    impone la función de “representar o dirigir, con la máxima diligencia, a
    quienes requieran su
    asistencia” (Artículo 18.c) y define que “es independiente y solo debe
    obediencia a la ley”
    (Artículo 2.a).
    La queja y petición puede presentarse sin abogado al ministro o
    presidente de instituto que
    guarde correspondencia con el asunto concreto. Los trámites corren por
    el Decreto-Ley 67/1983
    de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y
    pueden conducir
    directamente a los tribunales al amparo de la LPCALE. A este último
    respecto sería necesaria la
    asistencia de abogado.
    Aunque son hábiles todos los días, excepto los domingos y los demás
    declarados no laborables
    por la ley (LPCALE, Artículo 99), se recomienda considerar todos los
    días del plazo como
    naturales y correr el trámite lo antes posible, ya que el tiempo está
    siempre a favor de la
    autoridad.
    1. La queja y petición se presenta en la sede del OACE, que tiene 60
    días para dar respuesta.
    2. Al recibirse respuesta o vencer el plazo para darla (silencio
    administrativo negativo), el
    quejoso-peticionario tiene 10 días hábiles para interponer recurso de
    alzada ante el
    propio Ministro o Presidente del OACE
    3. Al recibirse la solución dada por el Ministro o Presidente de
    Instituto al recurso de alzada
    o vencer el plazo para dictarla, el recurrente tiene 30 días para
    presentar demanda ante el
    Tribunal Provincial
    4. En caso de respuesta del OACE, el recurso de alzada y la demanda
    tendrían que
    interponerse con buenos argumentos contra la respuesta impertinente; si
    no hay respuesta,
    la interposición de uno y otra sería de cajón por silencio
    administrativo contrario a la ley
    La queja por violaciones de derechos del ciudadano tiene connotación más
    bien penal y puede
    hacerse mediante denuncia, pero es más recomendable la reclamación a la
    Fiscalía, que tiene su
    Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos. El trámite se define
    por la propia Ley de
    la Fiscalía General de la República (LFG).
    4
    Sin perjuicio del planteo de cualquier otro problema específico de
    legitimidad ante el OACE
    correspondiente o la Fiscalía General, los asuntos primordiales de queja
    y petición son la
    ratificación de los pactos internacionales derechos humanos (en la
    dimensión horizontal), ya
    que circula la opinión de jurisperitos del gobierno acerca de que debe
    ratificarse ya solo el pacto
    de derechos económicos y sociales, pero no el pacto de derechos civiles
    y políticos5, así como la
    validación de los votos en contra de los candidatos del gobierno (en la
    dimensión vertical), ya
    que las boletas que los electores dejan en blanco o se anulan de
    cualquier manera no entran en el
    conteo de votos válidos6, a pesar de manifestar explícitamente la
    voluntad política del votante en
    contra de todos los candidatos.
    A continuación, se presentan los formularios que facilitarían el planteo
    jurídico y la tramitación
    judicial o administrativa de las más perentorias acciones para la lucha
    por la democracia.
    5
    DELGADO SÁNCHEZ, LÉSTER: “Los pactos sobre derechos humanos: un paso en
    el camino”, en Temas (La Habana), No. 59, JulioSeptiembre 2009, pp. 65-74.
    6 PRIETO VALDÉS, MARTHA Y LISSETTE PÉREZ HERNÁNDEZ: “El sistema
    electoral cubano. Las reformas de 1992”, en Temas de Derecho
    Constitucional Cubano, La Habana: Editorial Félix Varela (2000), pp. 268 s.
    5
    I – Queja por no ratificar Cuba —y petición de cómo se implementarían—
    los Pactos
    Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos
    Económicos,
    Sociales y Culturales (PIDESC). A pesar de que la República de Cuba
    firmó ante Naciones
    Unidas dichos pactos el 28 de enero de 2008, todavía no han sido
    sometidos a ratificación ante la
    Asamblea Nacional del Pode Popular. Ratificar los pactos impone al
    gobierno la obligación de
    cumplirlos y tendría que cambiar el orden jurídico del país o quedar
    sujeto a sanciones de la
    ONU.
    AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
    Quien suscribe solicita, como ciudadano de la República de Cuba y al
    amparo del artículo 63 de
    su Constitución, las respuestas pertinentes, en el plazo de sesenta días
    establecido por el artículo
    52.r) del Decreto-Ley 67/1983, a la queja y petición siguientes:
    QUEJA
    Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de
    Derechos Económicos,
    Sociales y Culturales (PIDESC), de 16 de diciembre de 1966, fueron
    firmados por la República
    de Cuba el 28 de enero de 2008, luego de más de cuatro décadas para
    análisis y valoración de
    reservas y declaraciones interpretativas. La República de Cuba lleva
    casi otra década más sin
    ratificar los pactos y queda expuesta así, frente a la comunidad
    internacional, como parte del
    grupo notorio de apenas ocho naciones que no han concluido el trámite de
    ratificación para
    otorgar validez a los mencionados pactos en el orden jurídico interno.
    PETICIÓN
    Que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en cumplimiento de
    la función atribuida
    por el artículo 80.b) del Decreto-Ley 67/1983, concluya los trámites
    necesarios para la ejecución
    de ambos pactos internacionales, mediante su adopción en el derecho
    interno, e informe a este
    ciudadano cómo procedería a adoptarlos.
    Que el Consejo de Ministros (CM) someta al Consejo de Estado la
    ratificación del PIDCP y del
    PIDESC, en virtud de las facultades previstas en los artículos 98.ch) y
    90.m) de la Constitución.
    Sírvase el Ministro de Relaciones Exteriores admitir esta solicitud y
    dar las respuestas
    pertinentes en el plazo legal establecido, pues es de justicia
    constitucional y ciudadana, que pido
    mediante este documento a los ____ días del mes de ________ de 20___.
    _________________________________________________
    (Nombre y apellidos del quejoso-peticionario)
    (Número de Identidad Permanente)
    Nota: Este formulario puede utilizarse, mutatis mutandi, para queja y
    petición a cualquier otro
    OACE.
    6
    AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
    REF.: QUEJA Y PETICIÓN DE (FECHA)
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ),
    universitario, de ocupación laboral
    ( ) y vecino de (dirección completa), comparezco y digo:
    Que vengo a interponer RECURSO DE ALZADA contra el silencio
    administrativo del
    MINREX, que se abstuvo de cumplir el deber, común a todos los Organismos
    de la
    Administración Central del Estado (OACE), de prestar atención y dar
    respuesta pertinente,
    dentro del plazo legal fijado, a mi queja y petición ciudadana
    presentada el (fecha), sobre la
    demora de la República de Cuba en ratificar los pactos internacionales
    (1966) de derechos
    humanos, la información de cómo serán acogidos en el Derecho Interno y
    la tramitación
    pertinente a tal efecto.
    Puesto que el Decreto Ley 67 (1983) prescribe que todos los OACE tienen
    que “prestar atención
    y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta días, a
    las quejas y peticiones que
    les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las
    cuestiones en ellas
    planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias” (ARTÍCULO
    52.-r), este recurso se
    contrae a cuestión de estricto derecho sobre el hecho notorio del
    silencio administrativo negativo,
    que se acredita con la copia del escrito de queja y petición, en la cual
    consta su recepción por el
    MINREX el (fecha).
    POR TANTO
    SÍRVASE EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES admitir este recurso y
    resolverlo, sin más trámites, con la respuesta oficial a la queja y
    petición ciudadana, sin perjuicio
    de la vía judicial contencioso-administrativa en caso de impertinencia
    de la respuesta.
    Es de justicia, que se pide en a los ( ) días del mes de ( ) de 20___.
    _________________________________________
    (Nombres y apellidos)
    Nota: Este formulario se utilizaría también en caso de respuesta, pero
    con los argumentos
    correspondientes. Así mismo puede utilizarse, mutatis mutandi, para el
    recurso de alzada ante
    cualquier otro OACE por otro asunto.
    7
    A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO
    TPP CIUDAD DE LA HABANA
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ),
    universitario, de ocupación laboral
    ( ) y vecino de (dirección completa), en ejercicio excepcional de la
    abogacía por asunto
    relacionado con mi propio derecho, comparezco y digo:
    Que vengo a demandar, en procedimiento administrativo, al Ministerio de
    Relaciones Exteriores
    (MINREX), cuyo titular es Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, con sede
    oficial en Calzada No.
    360, entre G y H, Vedado Plaza de la Revolución, Ciudad de la Habana,
    sobre la base de los
    siguientes
    HECHOS
    1. El (fecha de recepción) presenté de conjunto al MINREX una queja
    sobre la demora de la
    República de Cuba en ratificar los pactos internacionales de derechos
    humanos, firmados
    desde el 28 de enero de 2008, y una petición de informar cómo serían
    acogidos en el Derecho
    Interno y dar curso a los trámites pertinentes a tal efecto, como
    acredita la copia del escrito
    recibido por la Administración [Documento 1].
    2. El MINREX se abstuvo de cumplir el deber, común a los OACE, de
    prestar atención y dar
    respuesta pertinente, dentro del plazo legal establecido, a esta queja y
    petición ciudadana. En
    consecuencia, presenté recurso de alzada, que la Administración recibió
    (fecha de recepción),
    como se acredita con la copia del escrito [Documento 2].
    3. El MINREX persistió en su silencio administrativo negativo y así
    quedó expedita esta vía
    contencioso-administrativa.
    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    1. En la Constitución: “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes,
    funcionarios y empleados
    (…) tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad
    (ARTICULO 10). “Todo
    ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades
    y a recibir la atención o
    respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley” (ARTICULO
    63).
    2. En el Decreto Ley 67 (1983): “Los organismos de la Administración
    Central del Estado tienen
    los deberes, atribuciones y funciones comunes siguientes: prestar
    atención y dar respuestas
    pertinentes, dentro de un término de sesenta días, a las quejas y
    peticiones que les dirijan los
    ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en
    ellas planteadas y adoptar
    medidas para eliminar las deficiencias señaladas (ARTÍCULO 52.-r).
    3. En la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
    (LPCALE): las
    reglas sobre jurisdicción en materia administrativa (ARTÍCULO 656) y
    competencia de esta Sala
    (ARTÍCULO 663), la legitimación para el ejercicio de la acción
    administrativa (ARTÍCULO
    666), los actos impugnables (ARTÍCULO 670), el plazo para presentar la
    demanda en caso de
    silencio administrativo (ARTÍCULO 677), el recibimiento a prueba
    (ARTÍCULO 686) y el
    ajuste de la Administración a lo declarado en sentencia (ARTÍCULO 690).
    8
    PRETENSIÓN CONCRETA
    Que se dicte sentencia estimatoria de la demanda para disponer que el
    demandado cese en su
    silencio administrativo y dé respuesta pertinente a la queja y petición
    del demandante, dentro de
    los 30 días siguientes a serle notificada la sentencia.
    OTROSÍ: Puesto que el debate se contrae a cuestión de estricto derecho
    sobre el hecho notorio
    de silencio administrativo negativo, acreditado con los documentos
    presentados, se solicita dictar
    sentencia sin más trámites, tras recibirse el expediente administrativo,
    si lo hubiere, y la
    contestación del demandado, o tras haber decursado el plazo legal de la
    Administración para
    evacuar sus trámites.
    SÍRVASE LA SALA admitir la demanda y tramitarla conforme a las reglas de
    la LPCALE, pues
    es de justicia, que pido a los ( ) días del mes de ( ) de 201___.
    _________________________________________
    (Nombres y apellidos)
    No. Inscripción MINJUS __________
    Nota: Este formulario se utilizaría también en caso de respuesta al
    recurso de alzada, pero con
    los argumentos correspondientes. Así mismo puede utilizarse, mutatis
    mutandi, para impugnar la
    respuesta al recurso de alzada que diera otro OACE por otro asunto.
    9
    II – Queja por Violaciones de los Derechos del Ciudadano. Cada violación
    de derechos por las
    autoridades en el ejercicio de sus funciones puede impugnarse con la
    QUEJA autorizada por la
    Ley 83/1997 de la Fiscalía General. Este tipo de queja (denuncia) tiene
    que documentarse de
    manera detallada y sustanciada.
    Detallar significa dar todos los datos relevantes: Qué hechos
    constituyeron la violación; Dónde,
    Cuándo y Cómo se cometieron, A quién se le violaron sus derechos y Quién
    cometió la
    violación. De no contarse con los nombres y apellidos, cargos u otra
    identificación oficial, hay
    que precisar las características personales (raza, sexo, talla, peso,
    color de ojos y cabello…)
    Sustanciar implica aportar pruebas de los hechos y de la participación
    de personas. Pueden ser
    testimonios, declaraciones juradas ante notario o firmadas en presencia
    de notario, documentos
    electrónicos como fotografías y videos, así como dictámenes de expertos,
    como certificados
    médicos en caso de golpizas, tasaciones de daños y otros
    A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA
    Quien suscribe formula, como ciudadano cubano y al amparo del artículo
    24 de la Ley No. 83
    (1997) de la Fiscalía General de la República, la queja, denuncia o
    reclamación fundada en el
    Título X del Código Penal, por motivo de __________________ (Artículo
    ___) derivado de los
    siguientes:
    HECHOS
    (Relato breve y preciso de los hechos —no opiniones— que encajen en la
    descripción del
    artículo correspondiente)
    Sírvase la Fiscalía General, a través del Fiscal designado, atender e
    investigar esta queja,
    denuncia o reclamación para dar respuesta en el plazo de sesenta días
    mediante resolución que
    disponga restablecer la legalidad quebrantada por la violación expuesta
    de los derechos del
    ciudadano, pues es de justicia y derecho, que pido mediante este
    documento a los ____ días del
    mes de ________ de 20___.
    _________________________________________________
    (Nombre y apellidos del quejoso-peticionario)
    (Número de Identidad Permanente)
    Nota: A continuación, se relacionan las violaciones que pueden
    reclamarse al amparo del Título
    X del Código Penal (CP). No obstante, las quejas ante la Fiscalía pueden
    interponerse por otros
    motivos y en especial por haber impuesto la policía multa administrativa
    para no llevar a los
    detenidos al tribunal. Más abajo se expone cómo proceder con rapidez y
    cuidado en este caso.
    10
    FUNDAMENTACIÓN DE QUEJA AL AMPARO DEL TÍTULO X (CP)
    Violación de la libertad personal (Art. 279-283)
    Privar de libertad sin facultades o fuera de los casos y condiciones
    previstas en la ley / Demorar
    en liberar a un detenido o ponerlo a disposición de la autoridad
    competente, o recibir a una
    persona en calidad de preso o sancionado sin orden legal
    Amenazas (Art. 284-285)
    Proferir que se cometerá delito contra el oyente o familiar suyo, en
    circunstancias que infundan
    serio y fundado temor / Proferir que se divulgará un hecho lesivo para
    el honor o prestigio
    público del oyente o de algún familiar allegado con el objetivo de
    forzar determinada conducta
    Coacción (Art. 286)
    Ejercer violencia o amenazar para obligar a hacer al instante lo que no
    quiera, sea justo o injusto,
    o lo que la ley no prohíbe
    Violación de domicilio (Art. 287)
    Penetrar en domicilio ajeno en contra de la voluntad del morador fuera
    de los casos autorizados
    Registro Ilegal (Art. 288)
    Efectuar registro en domicilio sin autorización legal o sin cumplir las
    formalidades legales
    Violación del secreto de la correspondencia (Art. 289)
    Abrir carta, telegrama, despacho o cualquier correspondencia sin estar
    autorizado, o violar así el
    secreto de las comunicaciones telefónicas.
    Revelación del secreto de la correspondencia (Art. 290)
    Perjudicar a otro o procurar beneficio mediante la revelación de secreto
    en carta, telegrama,
    despacho o cualquiera otra correspondencia ajena.
    Delito contra la libre emisión del pensamiento (Art. 291)
    Impedir a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa
    garantizado por ley
    Delitos contra derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y
    petición (Art. 292)
    Impedir que una asociación lícita funcione o que una persona pertenezca
    a ella
    Impedir la celebración de una reunión o manifestación lícita o que una
    persona concurra a ellas
    Impedir u obstaculizar que una persona dirija quejas y peticiones a las
    autoridades.
    Delito contra el derecho de propiedad (Art. 293)
    Expropiación por funcionario público de bienes o derechos sin
    autorización legal o sin cumplir
    las formalidades legales
    Delito contra la libertad de cultos (Art. 294)
    Impedir o perturbar actos o ceremonias públicas de los cultos
    registrados, que se celebren con
    observancia de las disposiciones legales
    de cien a trescientas cuotas o ambas.
    Delito contra el derecho de igualdad (Art. 295)
    Discriminar a otra persona o promover o incitar a la discriminación con
    manifestaciones y ánimo
    ofensivo a sexo, raza, color u origen nacional o con acciones para
    obstaculizar o impedir el
    ejercicio o disfrute de los derechos por motivos de sexo, raza, color u
    origen nacional / Difundir
    ideas basadas en la superioridad u odio racial / Cometer actos de
    violencia o incitar a cometerlos
    contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico
    Delito de imposición indebida de medidas disciplinarias (Art. 297)
    Imposición de dichas medidas ilegalmente, ya sea sin autorización o con
    ella, pero por razón de
    enemistad, venganza u otro fin malicioso.
    11
    FUNDAMENTACIÓN DE QUEJA AL AMPARO DE DISPOSICIÓN ESPECIAL (CP)
    1. En los delitos con sanción prevista que no exceda de un año de
    privación de libertad ni de
    multa de 300 cuotas [las cuotas de la multa judicial van de 1 a 50
    pesos] o ambas, el Artículo 8.3
    del Código Penal faculta a la policía para no llevar el caso al tribunal
    e imponer multa
    administrativa de entre 200 y 1,000 pesos, que puede extenderse por
    excepción hasta 2,000
    pesos, si considera que los hechos de la acusación evidencian escasa
    peligrosidad social.
    2. Esta multa no exonera ni de responsabilidad civil por daños causados
    ni presupone la
    devolución de lo que la policía haya decomisado como efectos o
    instrumentos del delito.
    3. La Disposición Especial Única del Código Penal establece que si la
    multa se paga dentro de
    los tres días hábiles siguientes, la policía cierra el caso y los hechos
    no se considerarán delito,
    pero si la persona multada considera que la acusación es injusta, puede
    solicitar a la policía
    remitir las actuaciones a la autoridad competente, que en principio
    sería el Fiscal.
    4. La persona multada debe acudir enseguida al Fiscal, si está en
    libertad, o solicitar a la policía
    verlo cuanto antes, si permanece detenida tras alegar la injusticia,
    porque el plazo de pago son
    tres días y, de no pagarse la multa a tiempo, el caso se remite
    automáticamente al tribunal.
    5. Hay que buscar de inmediato un abogado para tomar la decisión más
    cuerda ante la
    alternativa: llevar el caso al tribunal entraña el riesgo de un
    antecedente penal, si a la postre los
    jueces consideran que los hechos sí constituyen delito y sancionan con
    multa de 200 o más
    cuotas, mientras que pagar la multa elimina ese riesgo, pero la
    injusticia quedaría consumada.
    6. En todo caso hay que, además de buscar abogado, interponer sin demora
    la queja al Fiscal.
    Y si este confirma la injusticia se plantearía de nuevo la alternativa,
    pero ya la decisión sería
    asunto eminentemente práctico, en el cual el propio implicado tiene la
    última palabra.
    12
    Si el Fiscal estima que el asunto planteado en queja —de cualquier tipo—
    es improcedente o
    carece de fundamento, su respuesta debe ser argumentada, ya sea por
    escrito o verbal. En todo
    caso el quejoso tiene que requerir la debida constancia de cuándo
    recibió respuesta, porque
    al recibirla dispondrá de treinta días para presentar otra queja al Jefe
    inmediato superior del
    Fiscal actuante o directamente al Fiscal General, por desacuerdo con la
    tramitación o la respuesta
    y al efecto de que se reexamine el asunto y se ofrezca la respuesta
    procedente.
    A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA
    REF.: QUEJA DE (FECHA)
    Quien suscribe viene a manifestar su inconformidad, al amparo del
    artículo 24.4 de la Ley No.
    83 (1997) de la Fiscalía General de la República, por la tramitación
    realizada y la respuesta
    recibida en la queja de referencia, con fundamento en los siguientes
    MOTIVOS
    (Descripción concisa y clara)
    Sírvase la Fiscalía General reexaminar el asunto y ofrecer la respuesta
    procedente, pues es de
    justicia y derecho, que pido mediante este documento a los ____ días del
    mes de ________ de
    20___.
    _________________________________________________
    (Nombre y apellidos del quejoso-peticionario)
    (Número de Identidad Permanente)
    La respuesta improcedente abre la vía de reclamación ante los
    tribunales, con asistencia de
    abogado y al amparo de la propia Ley de la Fiscalía General: “Los
    fiscales están sujetos a la
    responsabilidad material de conformidad con lo establecido en la Ley y
    con las disposiciones
    reglamentaras dictadas por el Fiscal General” (Artículo 50).
    A tal efecto se utilizaría el mismo formulario elaborado más arriba para
    demandar contra
    las resoluciones definitivas del OACE en trámites de queja y petición.
    13
    RELACIÓN MÍNIMA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS AL AMPARO DEL
    DERECHO CONSTITUCIONAL DE RECLAMACIÓN DE REPARACIÓN O
    INDEMNIZACIÓN
    Fundamentación general
    • ARTICULO 26. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado
    indebidamente por
    funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las
    funciones propias de sus
    cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o
    indemnización
    • ARTICULO 66. El cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes
    es deber
    inexcusable de todos.
    Fundamentaciones específicas
    Para todos los casos ante tribunales:
    • ARTICULO 122. Los jueces, en su función de impartir justicia, son
    independientes y no
    deben obediencia más que a la ley.
    Para reclamaciones por asuntos relacionados con la vivienda o
    cualesquiera otros
    bienes, incluso ingresos y ahorros
    • ARTICULO 21. La propiedad personal
    • ARTÍCULO 25. Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de
    utilidad pública o
    interés social y con la debida indemnización (…) considerando los
    intereses y las
    necesidades económicas y sociales del expropiado
    Para reclamaciones por adquisición de ciudadanía extranjera
    • ARTICULO 32. Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía,
    salvo por causas
    legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a
    cambiar de ésta.
    Para reclamaciones por maltrato discriminatorio
    • ARTICULO 42. La discriminación por motivo de raza, color de la piel,
    sexo, origen
    nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad
    humana está
    proscrita
    Para reclamaciones contra acciones represivas ilegales
    • ARTICULO 56. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el
    ajeno contra la
    voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.
    • ARTICULO 58. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y
    con las
    garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en
    su integridad
    personal.
    • ARTICULO 59. Todo acusado tiene derecho a la defensa. No se ejercerá
    violencia ni
    coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.
    Nota 1: Las reclamaciones concretas contra detención ilegal y sanción
    penal tienen sus
    vías exclusivas de tramitación, que son el procedimiento de habeas
    corpus y el proceso
    de revisión.
    Nota 2: Las reclamaciones contra violaciones del derecho de propiedad pueden
    interponerse también en proceso de amparo en la posesión contra actos
    provenientes de
    particulares o de autoridades administrativas, así como de amparo en
    actuaciones
    judiciales en que la víctima de la violación no participó.
    14
    III Proceso de Amparo en la LPCALE: En Actuaciones Judiciales (Artículo
    393) o Contra
    actos provenientes de particulares o de autoridades u órganos
    administrativos (Artículo
    401).
    El amparo en actuaciones judiciales permite solicitar la intervención
    del propio tribunal que dictó
    cualquier disposición (providencia, auto o sentencia) que afecte a
    terceros no participantes en el
    asunto (penal, civil, administrativo o laboral) que se tramita.
    Ejemplo clásico: el tribunal que tramita un proceso penal contra
    opositores, TIENE que tramitar
    cualquier amparo interpuesto por otras personas NO procesadas con
    respecto a las cosas
    ocupadas que sean suyas. La policía suele ocupar computadoras y otros
    dispositivos electrónicos
    que pertenecen o están en posesión de familiares o amigos de los
    procesados. Esos familiares o
    amigos tienen la opción legal de pedir amparo en la tenencia, uso y
    disfrute de las cosas
    ocupadas. De paso contribuyen así a la defensa de los procesados, pues a
    menudo la fiscalía
    presenta equipos electrónicos y otros objetos (desde máquinas de
    escribir hasta libros) como
    “instrumentos probatorios” de la comisión de delitos.
    Siempre hay que conservar las facturas, recibos y demás papeles
    relacionados con la
    adquisición de estos objetos, ya que la LPCALE favorece la rápida
    solución del amparo si sus
    fundamentos descansan en “documentos fehacientes que comprueben dichos
    fundamentos de
    acuerdo con la legislación vigente” (Artículo 394).
    Si el tribunal rechaza la solicitud de amparo, hay que continuar el
    proceso con Recurso de
    Súplica (Artículo 395).
    El amparo contra actos provenientes de particulares o de autoridades u
    órganos administrativos
    abre la posibilidad de contrarrestar legalmente los actos de repudio en
    que turbas organizadas por
    el gobierno irrumpen en las casas de los opositores y destrozan todo a
    su paso, pintan consignas
    en las paredes y causan otros daños. Las personas afectadas pueden y
    deben solicitar enseguida
    la intervención del tribunal municipal contra estos actos, pero se
    precisa identificar muy bien a la
    persona, autoridad u órgano del gobierno contra quien se interpondrá la
    solicitud. Así como debe
    constar bien acreditada la propiedad del inmueble y demás bienes
    vandalizados. Al igual que
    para el amparo en actuaciones judiciales, la LPCALE agiliza la
    tramitación si la solicitud de
    amparo se fundamenta en documento fehaciente (Articulo 404).
    15
    A LA SECCION DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE_________
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ), nivel
    escolar ( ), de ocupación
    laboral ( ) y vecino de (dirección completa), comparezco por mi propio
    derecho y digo:
    Que vengo a interponer Proceso de Amparo en la posesión contra actos
    provenientes de
    particulares o de autoridades u órganos administrativos, en virtud del
    Artículo 401 de la
    LPCALE y sobre la base de los siguientes
    HECHOS
    1 El (fecha de ocurrencia) mi vivienda fue objeto de un acto de
    vandalismo por (los
    organizadores del acto de repudio, por ejemplo: funcionarios o
    dirigentes del CDR u otra
    organización de masas, oficiales de la PNR o la Seguridad del Estado)
    consistente en el
    allanamiento ilegitimo de mi domicilio (o cualquier otro acto de
    interferencia en la
    tenencia y posesión del inmueble) y diversos daños a la propiedad, tal y
    como se acredita
    con el(los) documento(s) adjunto(s) (por ejemplo, fotos y/o video del
    acto, grabación,
    declaraciones juradas…)
    2 Quien suscribe es legítimo propietario de la vivienda, tal como se
    acredita con la copia
    adjunta del título de propiedad.
    3 Quien suscribe reside permanentemente en esa vivienda, que es su
    domicilio, como
    demuestran las copias adjuntas del carné de identidad y libreta de
    abastecimiento.
    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    En la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
    (LPCALE): Artículo
    401 sobre el derecho a interponer este Proceso de Amparo; Artículo 402
    sobre el plazo para
    interponerlo y Artículo 404 sobre la resolución inmediata del asunto a
    favor del demandante con
    documento probatorio fehaciente de la posesión del inmueble.
    PRETENSIÓN CONCRETA
    Que se dicte sentencia declarando haber lugar al amparo y se garantice
    en lo sucesivo el pleno
    disfrute y goce del inmueble por quien suscribe, sin perjuicio del
    derecho a ejercer cualquier otra
    acción legal pertinente en caso de otra violación.
    SÍRVASE LA Sección Civil admitir el Proceso de Amparo y tramitarlo
    conforme a la LPCALE,
    pues es de justicia, que pido a los ( ) días del mes de ( ) de 201___.
    _________________________________________
    (Nombres y apellidos)
    16
    IV. Proceso de reclamación por daños y perjuicios
    El derecho constitucional a reclamar y obtener la correspondiente
    reparación o indemnización
    por daños y perjuicios se puntualiza en el Código Civil (Ley 59/1987)
    con la facultad para exigir
    el cese inmediato de la violación, la retractación del ofensor y la
    reparación de los daños y
    perjuicios causados (Artículo 38). Se puede exigir tanto a personas como
    a entidades, ya que el
    propio Código Civil establece que estas últimas están obligadas a
    reparar los daños y perjuicios
    por actos ilícitos cometidos por sus dirigentes, funcionarios y demás
    trabajadores en el ejercicio
    de sus funciones (Artículo 95).
    Según la cuantía de los daños y perjuicios, las demandas se presentan al
    tribunal municipal (mil
    pesos o menos) o el tribunal provincial (más de mil pesos). Si excede de
    500 pesos se requiere
    abogado que, como se apuntó más arribadas más arriba, no puede negarse a
    prestar el servicio.
    Para demandar por 500 pesos o menos, el perjudicado puede prescindir de
    abogado y utilizar este
    formulario:
    A LA SECCION DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE_________
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ), nivel
    escolar ( ), de ocupación
    laboral ( ) y vecino de (dirección completa), comparezco por mi propio
    derecho y digo:
    Que vengo a interponer proceso sumario de reclamación por daños y
    perjuicios contra
    (denominación exacta de la entidad, dirección completa y nombre y
    apellidos de su máxima
    autoridad —O— nombres y apellidos de la persona, su dirección completa y
    cualquier otro dato
    de identificación disponible), sobre la base de los siguientes
    HECHOS
    1 (Descripción de la ocurrencia con precisión de lugar y fecha)
    2 Valoración fundada de la cuantía de daños y perjuicios
    3 Declaración de titularidad de los bienes dañados
    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    En la Constitución: Toda persona que sufriere daño o perjuicio indebido
    por funcionarios o
    agentes del Estado en ejercicio de las funciones propias de sus cargos,
    tiene derecho a reclamar y
    obtener la correspondiente reparación o indemnización (Artículo 26).
    En el Código Civil: Las reclamaciones de indemnización por daños y
    perjuicios prescriben al año
    (Artículo 116.d). Quien causa daño o perjuicio está obligado a restituir
    el bien, reparar el daño e
    indemnizar el perjuicio. Reparar el daño material comprende abonar el
    valor del bien si no puede
    restituirse o el menoscabo sufrido por éste (Artículos 82 – 85).
    En la LPCALE: Es competente el Tribunal Municipal (Artículo 5.1) y este
    demandante tiene
    capacidad procesal (Artículo 63) para tramitar, sin necesidad de abogado
    (Artículo 66.1), la
    demanda en proceso sumario (Artículo 358.1).
    PRETENSIÓN CONCRETA
    Que se dicte sentencia declarando con lugar esta demanda y se imponga al
    demandado la
    obligación de resarcir conforme a la ley los daños y perjuicios
    descritos en los hechos.
    SÍRVASE LA Sección Civil admitir esta demanda y tramitarla en el proceso
    sumario que
    prescribe la LPCALE, pues es de justicia, que pido a los ( ) días del
    mes de ( ) de 201___.
    _________________________________________
    17
    (Nombres y apellidos)
    18
    VI. Habeas Corpus (Ley de Procedimiento Penal (LPP) Libro VI – Título IX)
    Toda persona privada de libertad fuera de los casos o sin las
    formalidades y garantías que prevén
    la Constitución y las leyes, debe ser puesta en libertad, a petición
    suya o de cualquier otra
    persona, mediante sumarísimo proceso de hábeas corpus ante los
    tribunales competentes, pero
    no procede el hábeas corpus si la privación de libertad obedece a
    sentencia o se trata de prisión
    provisional dictada en expediente por delito (Artículo 467).
    La solicitud de hábeas corpus se presenta a: 1) las Salas de lo Penal o
    de Delitos contra la
    Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales contra actos de
    Instructores [Policiales],
    Fiscales, Tribunales Municipales Populares o agentes de la autoridad del
    territorio del Tribunal
    Provincial Popular; o 2) las Salas correspondientes del Tribunal Supremo
    contra actos de los
    Tribunales Provinciales (Artículo 468), mediante este instrumento
    jurídico (Artículo 469):
    A LA SALA [CORRESPONDIENTE: VER ARRIBA]
    (Nombre y apellidos del solicitante), ciudadano cubano de ( ) años de
    edad y estado conyugal
    (soltero, casado, divorciado, viudo), con escolaridad (primaria,
    secundaria, superior), ocupación (
    ) y carné de identidad número ( ), vecino de (dirección exacta y
    completa), comparezco y digo:
    Que solicito tramitar, al amparo de los artículos 467 y siguientes de la
    LPP, la SOLICITUD DE
    HABEAS CORPUS a favor de:
    (Nombre y apellidos completos del preso), privado de libertad en (lugar
    exacto donde está),
    por decisión de (identificación exacta de la autoridad o su agente, o
    del funcionario que
    mantiene a dicha persona privada de libertad).
    Según mi leal saber y entender, esta persona está privada de libertad
    porque (breve y concisa
    exposición de los motivos, sin alharaca ni sonseras)
    Esta privación de libertad no ha sido dispuesta ni por sentencia ni por
    auto de prisión
    provisional en expediente por delito.
    Nota 1: Si la privación de libertad deriva de un auto que no sea de
    prisión provisional ni de
    cualquier otra disposición, se agrega una copia o se cubre su defecto
    con este párrafo:
    Por razón del traslado de la persona antes de concebirse esta solicitud,
    no pudo exigirse copia de
    la disposición que ordenó su privación de libertad [o: se exigió copia
    de la disposición que
    ordenó su privación de libertad, pero la autoridad se negó a entregarla.]
    A todos los efectos legales hago constar que la ilegalidad de esta
    situación consiste simplemente
    en la violación del artículo 58 de la Constitución, que garantiza la
    libertad personal a todos los
    que residen en el territorio nacional y establece que nadie puede ser
    detenido sino en los casos,
    en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.
    Es de justicia, que pido en (lugar de la solicitud) a los ( ) días del
    mes de ( ) de 20__.
    _____________________________________________
    Firma y pie de firma en letra de molde
    [Nota 2: En original y dos copias. Presentar original y copia, y recoger
    en la otra copia la fecha
    de recepción y la firma de quien recibe, con su cargo y cuño.]
    19
    20
    Para solicitar habeas corpus el motivo tiene que ser jurídicamente
    correcto. No tiene
    sentido solicitarlo tan solo por no saberse nada a la semana de
    detención, ya que conforme
    a la ley:
    • La Policía puede mantener al detenido por 24 horas antes de dar cuenta
    al Instructor
    • El Instructor dispone de 72 horas para proponer al Fiscal la prisión
    provisional.
    • El Fiscal dispone también de 72 horas para imponerla.
    Solo desde el momento en que se notifique la resolución del Fiscal, el
    acusado será parte en el
    proceso penal y podrá nombrar defensor, quien podrá comunicarse con él,
    examinar el
    expediente, proponer pruebas y solicitar la revocación de la prisión
    provisional.
    El Tribunal tiene que dar curso a la solicitud de habeas corpus, a menos
    que resulte evidente que
    no hay fundamentos legales para ello (Artículo 470). Para dar curso
    mandará a que el
    responsable presente al preso o detenido en el plazo máximo de 72 horas
    y rinda informe por
    escrito de cuándo y por qué se privó de libertad (Artículo 471). La
    autoridad o funcionario
    responsable tiene que cumplir esa orden judicial, pero puede alegar
    “causa insuperable”. Si es
    aceptada, el tribunal tiene que tomar una decisión “en el menor tiempo
    posible” (Artículo 472).
    Si a la postre no presentan al preso o detenido, el tribunal abrirá
    expediente por el delito contra la
    libertad personal [Artículos 279-283 del Código Penal] (Artículo 473).
    El Fiscal es siempre parte del proceso de habeas corpus (Artículo 477),
    que incluye una vista oral
    y termina con auto razonado del tribunal (Artículo 474) para rechazar la
    solicitud o disponer la
    libertad inmediata (Artículo 475). Contra esto último no cabe recurso,
    pero contra el auto que
    mantiene la prisión cabe apelar ante el Tribunal Supremo, a menos que
    haya sido dictado por una
    Sala suya (Artículo 476).
    La solicitud de habeas corpus no puede repetirse a menos que nuevos
    hechos hayan desvirtúen
    los motivos de la prisión o detención original. Tampoco puede privarse
    de libertad nuevamente
    por la misma causa, a menos que concurran otras circunstancias (Artículo
    478).
    21
    VII. Revisión (Ley de Procedimiento Penal (LPP) Libro VI – Título VIII)
    Cualquier persona, sin necesidad de abogado, puede solicitar al Ministro
    de Justicia, al Fiscal
    General o al Presidente del Tribunal Supremo la revisión de las
    sentencias firmes de privación de
    libertad e incluso de multas o sanciones accesorias muy severas
    (Artículo 455). Si la autoridad
    rechaza la solicitud es improcedente, comunicará al solicitante los
    fundamentos del rechazo
    dentro de los 90 días siguientes al recibo de la solicitud. Si se estima
    procedente, la revisión se
    instará por la autoridad al tribunal competente (Artículo 458). Para
    solicitar revisión hay que
    alegar una o más de las causas prefijadas en la ley, siempre que hayan
    trascendido al fallo
    dictado en la sentencia, entre ellas (Artículo 456):
    • Quebranto de cualquier formalidad o garantía esencial del
    procedimiento o haberse
    dejado de practicar pruebas decisivas
    • No estar terminantemente claros los hechos probados o manifestarse
    contradicción entre
    ellos, o no haberse resuelto todos los puntos de la defensa
    • Error en la identidad del sancionado o estar sancionadas dos o más
    personas en sentencias
    contradictorias por un delito cometido solo por una
    • Haberse calificado como delito hechos que no lo son o dejado de
    apreciar alguna causa
    eximente o atenuante de la responsabilidad
    • Calificación errónea del delito o de la participación del sancionado
    • Interpretación errónea de la ley o desajuste entre la sentencia y las
    pruebas
    • Falta de correspondencia de la sanción con la calificación del delito
    o de la participación,
    o con las circunstancias atenuantes
    • Sanción demasiado severa por adecuado uso del arbitrio judicial
    • Sentencia fundada en documento falso o en otra prueba obtenida
    mediante coacción
    • Hechos o circunstancias, desconocidos al momento de dictarse
    sentencia, que por sí o en
    unión con otros ya conocidos hagan presumir la inocencia o la
    participación en delito de
    menor gravedad
    Una o más de las causas relacionadas más arriba tiene que invocarse en
    la solicitud de revisión,
    que se ajustará el formulario siguiente.
    22
    INSTANCIA DE REVISIÓN PENAL
    REF.: Sentencia [firme] No. ____ de (fecha)
    Causa No. ____ / (año)
    (Sala o Tribunal)
    Honorable _____________________________
    Titular del Ministerio de Justicia
    c.c. ___________________ (Presidente del Tribunal Supremo Popular)
    ___________________ (Fiscal General)
    Quien suscribe viene a instar, al amparo de los artículos 455 y demás
    aplicables de la Ley de
    Procedimiento Penal (1977) modificada (1985, 1994), la revisión de la
    sentencia referida por las
    siguientes
    RAZONES
    1. La precitada ley autoriza para revisar las sentencias firmes “a
    instancia de alguna persona,
    organización u otra entidad” (Artículo 455) y en todo tiempo (Artículo 457).
    2. Este promovente —u otra persona cualquiera— se encuentra así
    legitimado para instar la
    revisión de la referida sentencia a las autoridades competentes con los
    siguientes argumentos:
    (claros y concisos).
    3.
    POR TANTO
    SÍRVASE la autoridad admitir esta instancia y comunicar a este
    promovente, en el plazo
    legalmente establecido “de noventa días contados desde el recibo de la
    solicitud”, si la revisión
    puede “resultar procedente [o no, pero] fundamentándose la no
    aceptación” (Artículo 458).
    Es de justicia, que pido en _________________ a los ( ) días de (.) de 20__.
    ____________________________________________________
    Firma y pie de firma en letra de molde
    23
    VIII – Policy Paper para la lucha por la democracia en el eje vertical
    (Ley Electoral)
    Para oponerse cívicamente al gobierno de acuerdo con su propia
    constitución hay que valerse del
    voto libre, igual y secreto (Artículo 131). La ley complementaria de
    este precepto constitucional
    es la Ley Electoral (No. 72/1992). Su análisis arroja que:
    1. Las elecciones generales (cada 5 años) son plebiscitos, porque todos
    los candidatos
    son del gobierno
    Artículo 86.- Las proposiciones de precandidatos a Delegados a las
    Asambleas Provinciales y a
    Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se forman a partir de:
    a. los Delegados que resultaron electos para integrar las Asambleas
    Municipales del Poder
    Popular, que sean propuestos por las Comisiones de Candidaturas Municipales;
    b. los ciudadanos en el pleno goce de sus derechos electorales, que no
    sean delegados de las
    Asambleas Municipales del Poder Popular y que sean propuestos por las
    Comisiones de
    Candidaturas Municipales y Provinciales;
    c. en el caso de los precandidatos a Diputados, además, los ciudadanos
    en el pleno goce de
    sus derechos electorales, que sean propuestos por la Comisión de
    Candidaturas Nacional.
    2. Los candidatos del gobierno serán electos incluso si solo ellos
    votaran por sí mismos
    Artículo 124.- Se consideran elegidos Delegados a las Asambleas
    Provinciales y Diputados a la
    Asamblea Nacional del Poder Popular, los candidatos que, habiendo sido
    nominados, hayan
    obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en el
    Municipio o en el Distrito
    Electoral, según el caso de que se trate.
    Artículo 113.- El Presidente de la Mesa del Colegio Electoral, una vez
    separadas las boletas en
    blanco de las que aparecen votadas, da lectura en alta voz al nombre o
    número de orden del
    candidato por el que se ha votado en cada una de las boletas válidas.
    Artículo 114.- Al dar lectura al nombre o número de orden de los
    candidatos se declaran nulas
    las boletas en las que no puede determinarse la voluntad del elector. Al
    dorso de la boleta se hace
    constar, en nota firmada por el Presidente, el fundamento de la nulidad.
    La nulidad de una boleta
    se determina por mayoría de votos de los miembros de la Mesa del Colegio
    Electoral.
    MENSAJE DE LA OPOSICIÓN AL ELECTORADO
    Votar por cualquier candidato es votar por el gobierno. Votar por el
    gobierno es seguir
    como vamos: de mal en peor y sin esperanzas. Ve a votar, pero anula tu
    boleta o déjala en
    blanco. Nadie podrá verte ni podrá pedirte cuentas después.
    24
    3. Para tener diputados opositores hay que empezar por tener delegados
    Artículo 92.- Los candidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y
    a Diputados a la
    Asamblea Nacional del Poder Popular son nominados por las Asambleas
    Municipales del Poder
    Popular. Es facultad de las Asambleas Municipales del Poder Popular
    aprobar o rechazar a uno o
    a todos los precandidatos, en cuyo caso las Comisiones de Candidaturas
    deberán presentar otro u
    otros precandidatos a la decisión de la correspondiente Asamblea Municipal.
    4. Para ser delegados a las Asambleas Municipales, los opositores tienen que
    proponerse a sí mismos o ser propuestos por otros para ser nominados
    Artículo 78.- Los candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del
    Poder Popular son
    nominados en asambleas generales de electores de áreas de una
    circunscripción electoral
    Artículo 81.- Todos los electores participantes en la asamblea de
    nominación tienen derecho a
    proponer candidatos a Delegados a la Asamblea Municipal del Poder
    Popular. Entre los
    propuestos resulta nominado aquel que obtenga mayor número de votos. Los
    candidatos se
    nominan por áreas y cada área puede nominar un solo candidato.
    Artículo 83.- Para ser nominado candidato, el propuesto debe reunir los
    requisitos que establece
    la Ley. La nominación de candidatos se desarrolla en la forma siguiente:
    los electores que deseen
    proponer candidatos deben solicitar la palabra. Cada proponente usará la
    palabra en el mismo
    orden en que la solicitó; si la persona propuesta no acepta o no está
    presente, la proposición no se
    somete a votación; al usar de la palabra el proponente expresarán
    brevemente sus razones; cada
    elector puede expresar su criterio en favor o en contra del candidato
    propuesto; las proposiciones
    se someten a votación directa y pública por separado en el mismo orden
    en que fueron
    formuladas; cada elector tiene derecho a votar solo por uno de los
    propuestos; resulta nominado
    candidato aquel que obtenga el mayor número de votos entre los
    propuestos. En caso de empate,
    se efectúa una nueva votación y, de continuar, se inicia una nueva
    nominación de candidatos.
    5. Para atajar el fraude —tanto en las elecciones generales o en las
    municipales o
    parciales (cada 2 ½ años)— los opositores tienen que acudir a los
    colegios electorales a la
    hora del cierre y ejercer este derecho:
    Artículo 112.- Terminada la votación, el Presidente de la Mesa del
    Colegio Electoral abre las
    urnas y procede, con los demás miembros, al conteo de las boletas
    depositadas, a su cotejo con
    las entregadas a los electores y con el número de votantes, según la
    lista de electores, y a separar
    las boletas votadas de las que fueron depositadas en blanco. Los
    resultados se consignan en acta.
    El escrutinio es público y pueden estar presentes los miembros de las
    Comisiones Electorales del
    territorio, los representantes de las organizaciones políticas y de
    masas, los candidatos y demás
    ciudadanos que lo deseen.
    MENSAJE A LOS OPOSITORES
    La lucha en el eje vertical puede y debe conjugarse con otra en el eje
    horizontal: el ejercicio del
    derecho ciudadano de queja y petición contra la regla de no contar como
    votos válidos las boletas
    dejadas en blanco o anuladas de cualquier modo, pues así los electores
    manifiestan su voluntad
    política explícita contra los candidatos del gobierno. Así mismo hay que
    pedir aclaración de por
    qué se crea una situación de apartheid electoral con esa manera de
    contar los votos.
    25
    RECLAMACIÓN CONTRA EL APARTHEID ELECTORAL
    En 2017 se celebran elecciones municipales y en 2018, elecciones
    parlamentarias. El Consejo de
    Estado suele convocar aquellas a mediados del verano para celebrarlas en
    otoño y desde que se
    constituya la Comisión Electoral Nacional, la oposición puede y debe
    plantear juntas:
    • La queja contra el apartheid electoral, esto es: la exclusión de las
    boletas en blanco y las
    demás que no conceden el voto a ningún candidato
    • La petición de que se cuenten como votos válidos tanto las boletas en
    blanco como las
    demás que manifiestan inequívocamente la voluntad política del elector
    en contra de
    todos los candidatos
    Esta queja y petición pudiera presentarse simultáneamente como
    reclamación a la Comisión
    Electoral Nacional (CEN) y como queja y petición al Ministerio de
    Justicia (MINJUS).
    Ambos tienen sus respectivos formularios.
    Las respuestas o el silencio de la CEN no tienen remedio, pero en el
    caso del MINJUS darían pie
    a recurso de alzada y demanda judicial, porque se trata de un órgano de
    la administración central
    del Estado (OACE).
    Una versión simplificada de la misma queja y petición pudiera
    presentarse por los opositores en
    el acto mismo de la votación ante el colegio electoral correspondiente.
    26
    A LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL (CEN)
    Quien suscribe comparece, como ciudadano cubano inscrito en el Registro
    de Electores Primario
    de su municipio de residencia y al amparo de la Ley Electoral, que
    autoriza a todo elector a
    “establecer las reclamaciones que procedan legalmente, ante los órganos
    jurisdiccionales
    competentes, para hacer valer sus derechos electorales” (Artículo 4.f),
    a reclamar contra el
    apartheid electoral de que no se cuenten como votos válidos ni las
    boletas en blanco ni aquellas
    que vienen declarándose nulas, pero expresan inequívocamente la voluntad
    política en contra de
    todos los candidatos, por las siguientes
    RAZONES
    1. De acuerdo con la Ley Electoral, la CEN “dicta las normas y dispone
    lo necesario” para la
    realización de las elecciones (Artículo 16.a), amén de tener entre sus
    funciones “dictar las reglas
    complementarias de esta Ley” (Artículo 22).
    2. La Ley Electoral manda “a separar las boletas votadas de las que
    fueron depositadas en
    blanco” (Artículo 112), así como a declarar “nulas las boletas en las
    que no pueda determinarse
    la voluntad del elector” (Artículo 114).
    3. Estas boletas vienen excluyéndose del cómputo de votos válidos y como
    tales se cuentan solo
    aquellos a favor de todos, algunos o al menos un candidato, a pesar de
    que no votar por
    ninguno es otra opción tan lógica como legítima, que solo puede
    ejercerse al dejar la boleta en
    blanco o plasmar en ella garabatos e incluso improperios.
    4. Según la Constitución, el voto es libre (Artículo 131), pero deja de
    ser libre si solo ciertos
    votos se considerarse válidos y otros no.
    5. La boleta en blanco no es abstención, porque se fue a votar, solo que
    en contra de todos los
    candidatos. Igual sucede con las boletas que se llenan con improperios o
    garabatos.
    6. Puesto que la constitución considera elegido a quien “haya obtenido
    más de la mitad del
    número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral” (Artículo
    136), invalidar las
    boletas en blanco y aquellas que inequívocamente manifiestan la voluntad
    política contra todos
    los candidatos, conduce al absurdo de que un candidato saldría electo
    tan solo por votar por sí
    mismo, aunque tuviera en contra a todos los demás electores.
    POR TANTO
    A LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL solicito que, como necesaria regla
    complementaria de la ley, dicte la norma de contar como votos válidos
    tanto las boletas en
    blanco como aquellas que, de modo inequívoco, expresen por escrito o
    gráfico la voluntad
    política en contra de todos los candidatos. SÍRVASE LA COMISIÓN admitir
    esta solicitud y dar
    respuesta pertinente en el plazo legal, pues es de justicia
    constitucional, electoral y ciudadana,
    que pido mediante este documento a los ____ días del mes de ________ de
    2017.
    (Firma del elector, nombre y apellidos al pie en letra de molde y número
    de Identidad)
    27
    AL MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)
    Quien suscribe solicita, como ciudadano de la República de Cuba y al
    amparo del artículo 63 de
    su Constitución, las respuestas pertinentes, en el plazo de sesenta días
    establecido por el artículo
    52.r) del Decreto-Ley 67/1983, a lo siguiente:
    QUEJA
    La Ley Electoral manda “a separar las boletas votadas de las que fueron
    depositadas en blanco”
    (Artículo 112), así como a declarar “nulas las boletas en las que no
    pueda determinarse la
    voluntad del elector” (Artículo 114). En contra de la lógica y de la
    propia Constitución, estas
    boletas vienen excluyéndose del cómputo de votos válidos. Como tales se
    cuentan ya solo
    aquellos a favor de todos, algunos o al menos un candidato, a pesar de
    que no votar por
    ninguno es otra opción tan lógica como legítima y para ejercerla no
    queda más remedio que
    dejar la boleta en blanco o plasmar en ella garabatos e incluso improperios.
    Según la Constitución, el voto es libre (Artículo 131), pero deja de
    serlo si se consideran
    válidos ciertos votos y otros no. La boleta en blanco no es abstención,
    porque se fue a votar, solo
    que en contra de todos los candidatos. Igual sucede con las boletas que
    se llenan con improperios
    o garabatos. Y como la constitución considera elegido a quien “haya
    obtenido más de la mitad
    del número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral”
    (Artículo 136), invalidar las
    boletas en blanco y aquellas que inequívocamente manifiestan la voluntad
    política contra todos
    los candidatos, conduce al absurdo de que un candidato saldría electo
    tan solo por votar por sí
    mismo, aunque tuviera en contra a todos los demás electores.
    PETICIÓN
    Puesto que la Ley Electoral impone a los organismos de la Administración
    Central del Estado
    prestar cooperación a las Comisiones Electorales (Artículo 18) y el
    Decreto-Ley 67 prescribe
    al MINJUS procurar que las leyes reflejen, cada vez más exactamente, los
    procesos y
    relaciones sociales (Artículo 79.c), se solicita a este ministerio
    cooperar con la Comisión
    Electoral Nacional para que las boletas en blanco y aquellas que vienen
    anulándose a pesar de
    manifestar la voluntad política inequívoca contra todos los candidatos,
    se cuenten como votos
    válidos en virtud del ejercicio libre del derecho constitucional al voto
    y al efecto reflejar con
    mayor exactitud los procesos sociales que llevaron ya, en las pasadas
    elecciones parciales, a que
    343 430 electores dejaran sus boletas en blanco y 372 351 hicieran con
    ellas algo que se entendió
    inconstitucionalmente como motivo de nulidad.
    SÍRVASE EL MINJUS admitir esta queja y petición, así como dar las
    respuestas pertinentes en
    el plazo legal establecido, pues es de justicia constitucional y
    ciudadana, que pido mediante este
    documento a los ____ días del mes de ________ de 2017.
    (Firma del ciudadano, nombre y apellidos al pie en letra de molde y
    número de Identidad)
    28
    AL MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)
    REF.: QUEJA Y PETICIÓN DE (FECHA)
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ),
    universitario, de ocupación laboral
    ( ) y vecino de (dirección completa), comparezco y digo:
    Que interpongo RECURSO DE ALZADA contra el silencio administrativo ante
    la queja y
    petición ciudadana de referencia sobre la interpretación
    inconstitucional de la Ley Electoral que
    excluye del conteo de votos válidos tanto a las boletas en blanco como a
    otras que expresan
    inequívocamente la voluntad política en contra de todos los candidatos,
    ya que esta opción es tan
    lógica como legítima en virtud de que, según la Constitución, el voto es
    libre (Artículo 131).
    Este recurso se contrae a cuestión de estricto derecho sobre el hecho
    notorio del silencio
    administrativo negativo, que se acredita con la copia del escrito de
    queja y petición, en la cual
    consta su recepción por el MINJUS el (fecha).
    El Decreto-Ley 67/1983 prescribe que todo organismo de la Administración
    Central del Estado
    tiene que “prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un
    término de sesenta días, a
    las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por
    resolver correctamente las
    cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las
    deficiencias” (ARTÍCULO
    52.-r),
    POR TANTO
    SÍRVASE EL MINJUS admitir este recurso y resolverlo, sin más trámites,
    con la respuesta
    oficial a la queja y petición ciudadana, al efecto de dejar expedita la
    vía judicial contenciosoadministrativa en caso de impertinencia de la
    respuesta.
    Es de justicia, que se pide en a los ( ) días del mes de ( ) de 2017.
    (Firma del ciudadano, nombre y apellidos al pie en letra de molde y
    número de Identidad)
    29
    A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO
    TPP CIUDAD DE LA HABANA
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ),
    universitario, de ocupación laboral
    ( ) y vecino de (dirección completa), en ejercicio excepcional de la
    abogacía por asunto
    relacionado con mi propio derecho, comparezco y digo:
    Que vengo a demandar, en procedimiento administrativo, al Ministerio de
    Justicia (MINJUS),
    cuyo titular es María Esther Reus González, con sede oficial en Calle O
    # 216, entre 23 y 25,
    Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, sobre la base de los siguientes
    HECHOS
    El (fecha de recepción) presenté de conjunto al MINJUS una queja sobre
    apartheid electoral
    [Documento 1] por interpretarse en sentido inconstitucional que no son
    votos válidos ni las
    boletas en blanco ni aquellas que de otro modo expresan inequívocamente
    la voluntad política
    contra todos los candidatos.
    El MINJUS se abstuvo de prestar atención y dar respuesta pertinente,
    dentro del plazo legal
    establecido, a esta queja y petición ciudadana. En consecuencia,
    presenté recurso de alzada, que
    la Administración recibió (fecha de recepción), como se acredita con la
    copia del escrito
    [Documento 2]. El MINJUS persistió en su silencio administrativo
    negativo y así quedó expedita
    esta vía contencioso-administrativa.
    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    1. Constitución: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y
    peticiones a las autoridades y a
    recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado,
    conforme a la ley” (ARTICULO
    63). “El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es
    deber inexcusable de todos”
    (ARTICULO 66).
    2. Decreto Ley 67/1983: “Los organismos de la Administración Central del
    Estado tienen [que]
    prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de
    sesenta días, a las quejas y
    peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver
    correctamente las cuestiones en
    ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias
    señaladas (ARTÍCULO 52.-r).
    3. Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
    (LPCALE): la jurisdicción
    en materia administrativa (ARTÍCULO 656) y la competencia de esta Sala
    (ARTÍCULO 663), la
    legitimación para ejercer la acción administrativa (ARTÍCULO 666), los
    actos impugnables
    (ARTÍCULO 670), el plazo para presentar la demanda en caso de silencio
    (ARTÍCULO 677), el
    recibimiento a prueba (ARTÍCULO 686) y el ajuste de la Administración a
    lo declarado en
    sentencia (ARTÍCULO 690).
    PRETENSIÓN CONCRETA
    Que se dicte sentencia estimatoria de la demanda para disponer que el
    demandado cese en su
    silencio negativo y dé respuesta pertinente a la queja y petición del
    demandante, dentro de los 30
    días siguientes a serle notificada la sentencia.
    OTROSÍ: Puesto que el debate se contrae a cuestión de estricto derecho
    sobre el hecho notorio
    de silencio administrativo negativo, acreditado con los documentos
    presentados, se solicita dictar
    sentencia sin más trámites, tras recibirse el expediente administrativo,
    si lo hubiere, y la
    contestación del demandado, o tras haber decursado el plazo legal de la
    Administración para
    evacuar sus trámites.
    30
    SÍRVASE LA SALA admitir la demanda y tramitarla conforme a las reglas de
    la LPCALE, pues
    es de justicia, que pido a los ( ) días del mes de ( ) de 2017.
    _________________________________________
    (Nombres y apellidos)
    No. Inscripción MINJUS __________
    A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO
    TPP CIUDAD DE LA HABANA
    (Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano
    cubano de ( ) años de edad,
    con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ),
    universitario, de ocupación laboral
    ( ) y vecino de (dirección completa), en ejercicio excepcional de la
    abogacía por asunto
    relacionado con mi propio derecho, comparezco y digo:
    Que vengo a demandar, en procedimiento administrativo, al Ministerio de
    Justicia (MINREX),
    cuyo titular es María Esther Reus González, con sede oficial en Calle O
    # 216, entre 23 y 25,
    Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, sobre la base de los siguientes
    HECHOS
    El (fecha de recepción) recibí la respuesta del MINJUS a mi queja y
    petición centrada en el
    apartheid electoral que deriva de interpretar inconstitucionalmente que
    no son votos válidos ni
    las boletas en blanco ni aquellas que de otro modo expresan
    inequívocamente la voluntad política
    en contra de todos los candidatos. La respuesta del MINJUS se resiente
    de arbitrariedad porque
    (contra-argumentar punto por punta la respuesta, de manera clara,
    concisa y precisa)
    Según la Ley Electoral, “para determinar a favor de qué candidato
    depositará su voto”, el elector
    sólo tomará en cuenta “sus condiciones personales, su prestigio, y su
    capacidad para servir al
    pueblo” (Artículo 171). Esta regla no impone votar ya solo por todos,
    algunos o al menos un
    candidato, sino que por simple lógica da también cabida a la
    determinación de no votar por
    ninguno de los candidatos.
    Según la Constitución, el voto es libre, pero inconstitucionalmente deja
    de serlo si solo se
    considera válido al emitirse a favor de todos, algunos o un solo
    candidato. No votar por ninguno
    es otra opción que se ha venido excluyendo en contra de la libertad, que
    siempre incluye decir
    no, así como de la Constitución y la propia lógica humana.
    Para no votar por ningún candidato, los electores tienen
    indefectiblemente que dejar sus boletas
    en blanco o plasmar en ellas cualquier improperio o garabato. Pero las
    boletas en blanco son
    “separadas” y las otras vienen declarándose nulas con el pretexto de que
    no puede “determinarse
    la voluntad del elector”, aunque en ambos casos queda bien manifestada
    la voluntad política del
    elector contra todos los candidatos, como hicieron 343 430 y 372 351
    ciudadanos,
    respectivamente, en las pasadas elecciones parciales.
    La constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la mitad
    del número de votos
    válidos emitidos en la demarcación electoral (Artículo 136). Invalidar
    las boletas en blanco y
    anular aquellas antemencionadas conduce al absurdo de que los candidatos
    solo tendrían que
    votar por sí mismos para salir electos, aunque tuvieran a todos los
    demás electores en contra.
    31
    FUNDAMENTOS DE DERECHO
    1. Constitución: “El cumplimiento estricto de la Constitución y de las
    leyes es deber inexcusable
    de todos” (ARTICULO 66). “[Las] elecciones periódicas (serán) serán de
    voto libre, igual y
    secreto. (ARTÍCULO 131).
    2. Ley Electoral: “El voto es libre, igual y secreto y cada elector
    tiene derecho a un solo voto”
    (Artículo 3). “Todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a
    favor de qué candidato
    depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su
    capacidad para servir al pueblo”
    (Artículo 171).
    3. Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
    (LPCALE): la jurisdicción
    en materia administrativa (ARTÍCULO 656) y la competencia de esta Sala
    (ARTÍCULO 663), la
    legitimación para ejercer la acción administrativa (ARTÍCULO 666), los
    actos impugnables
    (ARTÍCULO 670), el plazo para presentar la demanda (ARTÍCULO 677), el
    recibimiento a
    prueba (ARTÍCULO 686) y el ajuste de la Administración a la sentencia
    (ARTÍCULO 690).
    PRETENSIÓN CONCRETA
    Que se dicte sentencia estimatoria de la demanda para disponer que se
    cuenten como votos
    válidos tanto las boletas dejadas en blanco como aquellas en pueda
    determinarse
    inequívocamente la voluntad del elector de no votar por ninguno de los
    candidatos.
    SÍRVASE LA SALA admitir la demanda y tramitarla conforme a las reglas de
    la LPCALE, pues
    es de justicia, que pido a los ( ) días del mes de ( ) de 2017.
    _________________________________________
    (Nombres y apellidos)
    No. Inscripción MINJUS __________
    32
    SORPRESA DE OCTUBRE
    Para octubre de 2017 se celebrarán elecciones municipales. Al amparo de
    la Ley Electoral, las
    acciones precisas de la oposición son proponer candidatos y votar por
    ellos tanto en las
    asambleas de nominación como en las elecciones, si resultan nominados,
    así como prevenir o
    denunciar el fraude en los colegios electorales y votar en contra de los
    candidatos del
    gobierno. Esta última acción puede y debe conjugarse con otra previa al
    voto: la reclamación
    de que las boletas dejadas en blanco o en las cuales se plasma la
    voluntad política
    opositoras por medio de garabatos o improperios, se cuenten como votos
    válidos.
    1. El artículo 103 de la Ley Electoral (se presupone que la nueva ley
    electoral mantenga el
    precepto, aunque cambie su numeración) dispone: Mientras se esté
    celebrando la elección,
    cualquier elector o candidato puede presentar al Presidente de la Mesa
    del Colegio
    Electoral las reclamaciones que estime procedentes. Este da cuenta a sus
    miembros, los que
    deciden por mayoría y se hace constar en el acta.
    Desde luego que la mesa electoral denegará la reclamación, pero…
    2. El artículo 104 de la Ley Electoral (o el correspondiente de la
    nueva) dispone:
    “Las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior, pueden ser
    presentadas oralmente o por
    escrito, y los miembros que constituyen la Mesa del Colegio Electoral,
    deben decidir en un
    período no mayor de dos (2) horas, comunicárselo en forma verbal al
    elector o al candidato y
    hacerlo constar en el acta.
    Si la resolución es denegatoria, el elector o el candidato puede apelar
    inmediatamente ante
    la Comisión Electoral de Circunscripción o la Municipal, cuando aquélla
    realiza la función de
    la Mesa Electoral, la que resuelve con carácter definitivo y sin
    ulterior reclamación”.
    Así que cada opositor debe llenar los dos formularios que aparecen más
    abajo y concurrir con
    ellos al colegio electoral el día de la votación, para presentar el
    primero a la mesa electoral y,
    una vez recibida la decisión allí, acudir con el otro formulario a la
    comisión electoral de
    circunscripción o municipio, según el caso. Desde luego que la
    resolución definitiva de la
    comisión será igualmente negativa, pero así queda de nuevo abierta la
    vía legal para queja y
    petición administrativa o demanda ante los tribunales.
    33
    AL PRESIDENTE DE LA MESA DEL COLEGIO ELECTORAL _______
    Quien suscribe, ____________________________________________________,
    enlistado en el
    Registro de Electores del Municipio ________________________, según el
    desglose para este
    colegio, vengo al amparo del artículo 103 de la Ley Electoral a
    presentar la reclamación de
    que las boletas en blanco y las boletas que suelen declararse nulas se
    cuenten como votos
    válidos por las siguientes
    RAZONES
    1. El voto, además de igual y secreto, es libre por imperativo del
    artículo 131 de la Constitución,
    pero deja de ser libre al considerarse válido solo si se emite a favor
    de todos, algunos o un solo
    candidato. Así viene haciéndose para excluir otra manifestación de
    voluntad igual de legítima: no
    votar por ningún candidato.
    2. Para esto los electores solo pueden dejar sus boletas en blanco o
    plasmar en ellas cualquier
    improperio o garabato. En contra de la lógica humana y del principio
    constitucional del voto
    libre, las boletas en blanco son “separadas” de las demás y las otras,
    en interpretación
    inconstitucional del artículo 114 de la Ley Electoral, se declaran nulas
    porque no puede
    “determinarse la voluntad del elector”.
    3. Puesto que la constitución considera elegido a quien “haya obtenido
    más de la mitad del
    número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral (Artículo
    136), invalidar las
    boletas en blanco y anular aquellas que manifiestan la voluntad política
    contra todos los
    candidatos, conduce al absurdo de que los candidatos solo tendrían que
    votar por sí mismos para
    salir electos, aunque tuvieran a todos los demás electores en contra.
    POR TANTO
    SÍRVASE LA MESA DEL COLEGIO ELECTORAL decidir sobre esta reclamación en
    plazo
    que no exceda de dos (2) horas, así como comunicar la decisión a este
    reclamante, dejando
    constancia en acta, para viabilizar el trámite de apelación —si la
    decisión es denegatoria— que
    autoriza el artículo 104 de la Ley Electoral.
    Es de justicia, que pido en ______________ a los ____ días de 2017.
    (Firma del elector, nombre y apellidos al pie en letra de molde y número
    de Identidad)
    34
    A LA COMISIÓN ELECTORAL DE CIRCUNSCRIPCIÓN O MUNICIPIO
    Quien suscribe, ____________________________________________________,
    enlistado en el
    Registro de Electores del Municipio ________________________, según el
    desglose para este
    colegio, vengo al amparo del artículo 104 de la Ley Electoral a
    presentar apelación contra la
    decisión de la Mesa del Colegio Electoral _______de que las boletas en
    blanco y boletas que
    suelen declararse nulas se sigan excluyendo del conteo como votos no
    válidos.
    RAZONES
    1. La decisión de la Mesa del Colegio Electoral perpetúa el apartheid
    electoral de quienes
    manifiestan su voluntad política en contra de todos los candidatos al
    dejar las boletas en blanco o
    plasmar en ellas cualquier improperio o garabato, tal como hicieron 715
    781 votantes en la
    primera vuelta de las pasadas elecciones parciales.
    2. El voto, además de igual y secreto, es libre por imperativo del
    artículo 131 de la Constitución,
    pero deja de ser libre al considerarse válido solo si se emite a favor
    de todos, algunos o un solo
    candidato. Así viene haciéndose para excluir otra manifestación de
    voluntad igual de legítima: no
    votar por ningún candidato.
    3. Para esto los electores solo pueden dejar sus boletas en blanco o
    plasmar en ellas cualquier
    improperio o garabato, pero en contra de la lógica y del principio
    constitucional del voto libre,
    las boletas en blanco son “separadas” de las demás y las otras, en
    interpretación inconstitucional
    del artículo 114 de la Ley Electoral, se declaran nulas porque no puede
    “determinarse la voluntad
    del elector”.
    3. La constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la
    mitad del número de votos
    válidos emitidos en la demarcación electoral (Artículo 136). Al
    invalidarse las boletas en blanco
    y anularse aquellas que manifiestan de otro modo la voluntad política
    contra todos los
    candidatos, se convalida el absurdo de que un candidato solo tendría que
    votar por sí mismo para
    salir electos, aunque tuvieran a todos los demás electores en contra.
    POR TANTO
    SÍRVASE LA COMISIÓN ELECTORAL resolver con carácter definitivo mi
    reclamación en
    trámite de apelación, tal como autoriza el artículo 104 de la Ley
    Electoral. Es de justicia, que
    pido en ______________ a los ____ días de 2007.
    (Firma del elector, nombre y apellidos al pie en letra de molde y número
    de identidad)

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