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    Un ‘gobierno’ del pueblo

    Un ‘gobierno’ del pueblo
    Un artículo de la prensa oficialista corrobora que en la Isla impera un
    régimen despótico
    Lunes, junio 13, 2016 | Roberto Jesús Quiñones Haces

    LA HABANA, Cuba.- La ley es el acto normativo por excelencia mediante el
    cual se expresa la voluntad del Estado. Su fuerza jurídica es superior a
    la de los decretos leyes, decretos, resoluciones y reglamentos.

    Los teóricos castristas reiteran que en las democracias el pueblo ejerce
    un poder formal porque su representación recae en legisladores, que en
    la realidad se distancian de ellos una vez electos y jamás protegen sus
    intereses. Pero aun obviándose la voluntad popular por sus
    representantes esta tiene la posibilidad de hacerse escuchar mediante la
    protesta pública, el derecho de huelga, la prensa libre y el reclamo
    ante las instancias de poder mediante el ejercicio de la iniciativa
    legislativa, que no es más que el derecho a proponer leyes.

    Uno de los problemas más agudos de la práctica jurídica estriba en la
    relación que se crea entre los intereses de los gobernados y los de los
    gobernantes. El análisis de tal relación basta para demostrar la
    naturaleza democrática o no de un Estado. Mientras mayor participación
    popular efectiva exista en la elaboración de las leyes más democráticas
    serán estas y la naturaleza del Estado que las promulga. En Cuba hay
    varias situaciones que atentan contra la salud de dicha relación.

    En primer término el pueblo no elige directamente a sus representantes a
    la Asamblea Nacional del Poder Popular. (ANPP). Sencillamente le
    presentan una lista elaborada por una comisión de candidatura que
    responde a los intereses del partido único, y en esa lista, el 50% o más
    de los candidatos no es seleccionado en la base. Luego esos delegados se
    reúnen apenas quince días al año en comisiones y dos o tres días en una
    sesión plenaria donde aprueban unánimemente todo lo que le propone el
    presidente de la asamblea, precisamente las disposiciones emanadas de
    los Consejos de Estado (CE) y de Ministros(CM).

    Jamás estos diputados, en 40 años de creada la ANPP, han cuestionado en
    sus sesiones al anterior –ni al actual– presidente del CE por sus
    errores; tampoco a sus ministros, ni han presentado un proyecto de ley
    surgido por iniciativa de sus electores. Jamás se les ha escuchado pedir
    una explicación por los regalos de centrales azucareros y hospitales a
    otros países, una magnanimidad que es pagada y sufrida únicamente por el
    pueblo y no por quienes regalan el patrimonio estatal.

    Pero donde se revela sin tapujos la verdadera relación de poder en Cuba
    es en la actividad legislativa pues aquí se gobierna por decreto desde
    hace muchos años.

    En estos días circula en las redes un artículo de Rachel D. Rojas
    titulado “El ejercicio de legislar”, publicado por Progreso Semanal el
    pasado 28 de abril, en el que se refiere a una tesis de maestría hecha
    en el 2013 por la abogada Amalia Pérez Martín. Y no es que la mencionada
    tesis haya descubierto el agua tibia, pues desde hace más de una década
    la Corriente Agramontista de Abogados Independientes de Cuba ha
    publicado varios trabajos sobre el tema –ahí está su boletín para
    corroborarlo– y CubaNet también ha publicado numerosos artículos que
    revelan los problemas de la práctica jurídica cuban; sin embargo el
    artículo en cuestión ofrece datos muy significativos que corroboran que
    en Cuba no legisla –y por tanto no manda– el pueblo.

    Ciertamente la Constitución castrista establece en su artículo 88 que la
    iniciativa legislativa puede ser ejercida por los ciudadanos, los
    representantes de las organizaciones sociales y de masas –léase la
    sociedad civil controlada por el gobierno– los diputados, el CE, el CM,
    las comisiones de trabajo permanente de la ANPP, el Tribunal Supremo
    Popular y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, a pesar de
    ese amplio abanico de posibilidades, según datos ofrecidos por la colega
    en su tesis, entre 1977 y el 2015 se emitieron por el CE 335 decretos
    leyes mientras que la ANPP, el máximo órgano de poder del Estado según
    el artículo 69 de la Constitución, representante de la soberanía
    popular, sólo ha promulgado 123 leyes. Esto indica que el CE ejerció el
    73,14% de la iniciativa legislativa en el período mientras que la ANPP
    sólo ejerció el 26,85%, lo que refleja la naturaleza despótica del
    gobierno cubano.

    No es baldío recordar que el CE no es electo por el pueblo cubano.
    Quizás eso explique, como menciona la autora del artículo, la existencia
    de normas tan impopulares como la prohibición de comprar casas, la
    imposibilidad de usar libremente un transporte marítimo y la prohibición
    de entrar a los hoteles. A las que menciona la articulista añado la
    prohibición de viajar libremente al extranjero, la compra venta de
    vehículos, la tenencia de divisas, los índices de peligrosidad, la
    imposibilidad de heredar por abandono del país y el aberrante Decreto
    No.217 de 1997 que prácticamente prohíbe a los ciudadanos que vivimos en
    el interior viajar a “la capital de todos los cubanos”.

    Algunas de estas normas impopulares ya fueron derogadas, otras continúan
    vigentes. Todas han causado mucho control y represión sobre los cubanos.

    El artículo de marras corrobora que afirmar que en Cuba gobierna el
    soberano es uno de los antológicos cuentos del castrismo, muy unido a
    ese otro que dice que también el pueblo tiene las armas en su poder.

    Quizás en Cuba gobierne el pueblo cuando la sociedad esté totalmente
    informatizada y entonces la ley sea consecuencia de una discusión masiva
    y directa, como ocurría en la antigua Roma. Solo que esta vez sería
    online. Para lograrlo hace falta una sólida estructura tecnológica; pero
    más que eso, mucha, muchísima voluntad política.

    Source: Un ‘gobierno’ del pueblo | Cubanet –
    www.cubanet.org/actualidad-destacados/un-gobierno-del-pueblo/

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