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    Obstáculos para el empoderamiento de la sociedad civil

    Obstáculos para el empoderamiento de la sociedad civil
    MARLENE AZOR HERNÁNDEZ | Ciudad de México | 27 Mayo 2016 – 9:40 am.

    Existen tres temas relevantes de controversia entre el Estado-Partido y
    la sociedad civil cubana que evidencian los obstáculos a su
    consolidación: la prohibición de la autonomía para las organizaciones
    civiles independientes, la prohibición de cualquier financiamiento
    externo, y la invisibilidad de las propuestas alternativas para el
    cambio económico, social, político, cívico y jurídico de la sociedad cubana.

    La sociedad civil existente se enfrenta, en su organización y acciones,
    a todas las restricciones que desde el Estado-Partido la coacciona, la
    reprime y la invisibiliza. Los mecanismos de control social y la
    exclusión, son ejes centrales para el análisis de una sociedad
    totalitaria como la cubana, por el nivel de control individual y de
    exclusión social que sistemáticamente se aplican sobre los ciudadanos.

    La prohibición de la autonomía

    El primer tema de confrontación entre las organizaciones civiles
    independientes y el Gobierno es precisamente el no reconocimiento de la
    sociedad civil como un conjunto de organizaciones ciudadanas
    independientes del Estado.

    Las organizaciones paraestatales cubanas —consideradas “la sociedad
    civil socialista” por el Gobierno— fueron creadas al inicio de la
    revolución por el Estado-Partido, y son parte en la actualidad —las más
    numerosas— del Consejo de Estado. Todas ellas carecen de autonomía
    organizativa, reglamentaria, financiera y de decisión: los Comités de
    Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y
    la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que forman parte del Consejo
    de Estado, órgano de dirección del Estado entre una y otra sesión del
    parlamento, dos veces al año;la Asociación Nacional de Agricultores
    Pequeños (ANAP); la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media
    (FEEM); la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). También
    pueden incluirse organizaciones profesionales como la Unión de
    Periodistas de Cuba (UPEC) y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
    (UNEAC).

    Todas estas organizaciones son instrumentos de control político y
    movilización de la ciudadanía. Las membresías son masivas y la
    adscripción a ellas sigue siendo “compulsiva y ritual”, como apunta la
    investigadora Velia Cecilia Bobes. Es decir, cada sector de la población
    pertenece automáticamente a varias de ellas de acuerdo a su residencia,
    edad, género, estudios y profesión. Habría que agregar a las Milicias de
    Tropas Territoriales (MTT), y en los últimos años a la Organización de
    Pioneros José Martí (OPJM), que participa ocasionalmente en los “actos
    de repudio” contra los opositores, acompañados y dirigidos por sus
    propios maestros.

    El Estado y el Partido las dirigen, sin buscar en ellas consenso
    político alguno. Son poleas de trasmisión verticales bajo las órdenes
    del Partido. Precisamente por ello, en estas organizaciones no existen
    demandas ciudadanas de sus afiliados de acuerdo a sus perfiles
    organizativos. Solo tienen cobertura en la prensa nacional cuando son
    convocadas por el Partido para apoyar la política exterior del Gobierno,
    o incluso cuando imponen una política de ajuste impopular.

    Estas organizaciones no son la sociedad civil cubana porque carecen de
    la autonomía organizativa, financiera y decisional, eje central de la
    definición para todos los autores que estudian el término en las
    sociedades democráticas.

    En Cuba, las condiciones para el desarrollo de la sociedad civil
    continúan siendo muy restrictivas y represivas. No existe la posibilidad
    de legalizarse como asociación independiente, pues el Registro de
    Asociaciones continúa congelado desde 1996. No existen posibilidades de
    acceder a la prensa nacional ni provincial, ni a la radio y televisión
    nacionales y locales, ni a las imprentas. El acceso a internet, en
    términos de información, está censurado, por lo tanto la mínima
    comunicación hacia la esfera pública nacional está bloqueada por el
    Gobierno.

    El no reconocimiento de las organizaciones civiles independientes pasa
    además por la represión de sus miembros. Desde la intimidación por parte
    de la policía política hasta los arrestos puntuales, la privación de
    libertad durante meses o años, pero también la violencia física y moral
    contra los activistas. Todo el espectro de organizaciones independientes
    —se autodefinan como opositoras o no— ha recibido y recibe la violencia
    física y/o moral gubernamental para impedir su actividad.

    Periodistas independientes, grupos defensores de los Derechos Humanos,
    programas de discusión cívica, agrupaciones políticas, grupos artísticos
    de hip-hop, plataformas digitales, periódicos alternativos digitales,
    algunos centros religiosos no católicos, son todos hostigados de
    diferentes modos.

    Los métodos represivos de lapidación moral son dirigidos por el Estado
    que utiliza su monopolio informativo para producir materiales
    televisivos como “Razones de Cuba”, en los cuales se concluye que los
    disidentes son todos subvencionados por la Agencia Central de
    Inteligencia (CIA). Este método de lapidación moral, también se lleva a
    cabo por blogueros oficialistas como Iroel Sánchez, M. H. Lagarde,
    Yohandry Fontana y Enrique Ubieta, quienes compiten entre sí por lograr
    la mayor difamación posible contra los disidentes bajo el mismo
    presupuesto gubernamental: los disidentes son “mercenarios del Imperio”.

    Para estos blogueros —alineados a la retórica del Gobierno— no hay que
    demostrar nada de sus difamaciones, el asunto es crear una supuesta
    “teoría de la conspiración” y luego se acompaña de los epítetos más
    burdos. Esta manipulación informativa tiene como único propósito dividir
    a la sociedad civil cubana y sembrar el terror hacia toda actividad
    cívica independiente.

    Las represiones físicas incluyen desde vandalizar las fachadas de los
    domicilios de activistas, hasta irrumpir en sus casas para destruir y
    confiscar bienes materiales, documentos, libros, computadoras, y
    dispositivos de almacenamiento. Todas estas acciones suceden frente a
    familiares e hijos, en operativos que se ejecutan de madrugada o a plena
    luz del día, pero sin ninguna orden judicial que identifique tanto a
    ejecutores como a las causas de estos actos violentos. La represión
    física contra los activistas también se ejerce, con total impunidad,
    mediante golpizas y arrestos públicos.

    Dentro de las cárceles, las autoridades penitenciarias les piden a los
    reclusos comunes que golpeen a los presos políticos a cambio de pequeños
    privilegios de estancia.

    Los más violentados físicamente son aquellos activistas que desarrollan
    manifestaciones pacíficas en las calles: las Damas de Blanco, la Unión
    Patriótica de Cuba (UNPACU), Antonio Rodiles —coordinador de Estado de
    SATS—, la activista Ailer González, periodistas independientes y otros
    activistas de otras fuerzas opositoras que se unen a las Damas de Blanco
    para apoyar sus demandas y protegerlas en lo posible.

    Cada domingo estas marchas —y todas las acciones que se realizan a lo
    largo de la Isla— son brutalmente reprimidas por la policía política,
    con o sin uniforme, a lo cual se suman los “actos de repudio” de
    militantes del partido único, oficiales del Ministerio del Interior
    (MININT) vestidos de civil, y dirigentes de las organizaciones
    paraestatales. Las golpizas y arrestos violentos se producen al mismo
    tiempo que se acompaña con la lapidación moral de los activistas.

    Otras formas de represión son: la pérdida del empleo estatal, la
    confiscación de licencias para operar en el sector privado, la
    fabricación de juicios por delitos comunes, la intimidación a familiares
    de los activistas, y la creación de represalias contra los trabajadores
    que tengan amigos opositores.

    Así la difuminación de la represión arbitraria llega a familiares,
    amigos y conocidos. A los activistas se les extorsiona con cualquier
    tipo de empleo, pues toda aprobación —tanto para el sector estatal como
    para el privado— requiere el consentimiento gubernamental. La estrategia
    central de la represión es aislar a la población del contacto con los
    activistas.

    La prohibición de financiamiento externo

    El segundo eje de confrontación es el financiamiento de las
    organizaciones civiles independientes. Para el Gobierno cubano toda la
    financiación a sus organizaciones de control político corren a cuenta
    del erario público. Sin embargo, las organizaciones independientes no
    tienen derecho a ninguna fuente de financiación. Sea gubernamental o de
    Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el gobierno prohíbe y demoniza
    la ayuda internacional a los activistas independientes.

    En las condiciones de Cuba en las cuales el salario no paga el “trabajo
    necesario” ni se crean “trabajos decentes” según la definición de la
    Organización Internacional del Trabajo (OIT), los ciudadanos cubanos que
    trabajan para el sector estatal no pueden vivir de su salario. A esto se
    suma la dependencia hacia el Estado para obtener un puesto de trabajo o
    para desarrollar una actividad por cuenta propia, que es
    sistemáticamente negada a todos los ciudadanos que realizan activismo
    disidente y/o opositor.

    No se trata de partidos políticos legales compitiendo en unas elecciones
    democráticas con “apoyos” desde el exterior, algo prohibido en muchas
    legislaciones de diferentes países. Se trata de ciudadanos sin recursos,
    que el Estado expulsa a la marginalidad sin derechos económicos ni
    políticos, tampoco jurídicos, porque es incapaz de lidiar con la
    crítica, el disenso, y la oposición.

    En Cuba, la simulación política analizada por investigadores como
    Vincent Bloch, nos recuerda que “es menos probable que ‘un buen
    revolucionario’ sea el objeto de represión por sus actividades ilícitas.
    Estas actividades constituyen el cotidiano de los cubanos que viven
    permanentemente en la espera de un futuro que se oculta” (Citado en
    Marie Laure Geoffray, Contester á Cuba, Dalloz, París).

    Vincent Bloch descubre un mecanismo de control social muy eficaz, que se
    verifica a nivel masivo en la medida en que las precarias condiciones
    económicas, resultado de la política económica del Gobierno, obliga a la
    inmensa mayoría de la población a vivir en la ilegalidad, lo cual les
    genera una vulnerabilidad adicional frente al poder que les incita a la
    simulación política y a la conformidad pública.

    Invisibilización de las propuestas de la sociedad civil

    El tercer eje de confrontación entre las organizaciones civiles
    independientes y el Gobierno cubano es que este último reitera y
    propagandiza —por canales oficiales y oficiosos— que estas
    organizaciones no tienen propuestas alternativas de orden social,
    instituciones ni demandas.

    Por razones de espacio, no podemos detenernos en las propuestas de cada
    uno de los grupos, por eso daremos a continuación una visión general de
    las demandas y propuestas sociales que se formulan desde estas
    organizaciones civiles independientes.

    Cuando uno estudia cada uno de estos grupos, lo primero que resalta es
    la necesidad de cambiar de manera radical la situación del país y de
    manera estructural, haciendo un diagnóstico de la sociedad cubana.
    – La institucionalidad del país no funciona. Ninguna de las
    instituciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas
    sirven a los fines para los que fueron creadas. Ni la dirección nacional
    de Vivienda, ni los ministerios de Justicia, de Economía, de Salud
    Pública, de Educación, del Trabajo, ni el PCC, ni el Parlamento, etc.
    – La falta de transparencia y de rendición de cuentas hace crecer la
    corrupción. Ninguna institución defiende al ciudadano frente a los
    atropellos de los organismos centrales del Estado.
    – La ley no se respeta: desde la Constitución, con los pocos derechos
    que permite y la imposibilidad de defenderlos por ninguna vía, hasta el
    código penal con sus figuras propias del código penal soviético, incluso
    con sus limitaciones. Las autoridades políticas, económicas y judiciales
    se saltan la ley sin rendir cuentas a nadie.
    – El código penal, el código laboral, la ley de inversiones extranjeras
    y la ley migratoria no responden a las necesidades de los ciudadanos. –
    – Los delitos de “propaganda enemiga”, así como “peligrosidad
    predelictiva”, más la ausencia del hábeas corpus hacen vulnerable y
    arbitraria la aplicación de la ley penal. El código del trabajo prohíbe
    la creación de sindicatos independientes a la paraestatal CTC. La ley de
    inversiones extranjeras excluye, de facto, a los cubanos residentes en
    Cuba y en el exterior, y supedita al inversor al empleo mediado por el
    Estado. La ley migratoria se aplica de manera discrecional bajo los
    títulos de “interés del Estado” y “seguridad del Estado”.
    – Se irrespetan los Derechos Humanos suscritos en la Declaración
    Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1948, así
    como los sostenidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU,
    firmados por Cuba desde 2008 que incluyen los derechos económicos,
    políticos, sociales y culturales.
    – El país está anclado en la pobreza que se profundiza y, ni los
    salarios ni el transporte público ni las viviendas, responden al nivel
    mínimo indispensable para tener un país funcionando. Tampoco la
    infraestructura del país, como calles, carreteras, puentes,
    comunicaciones, edificios públicos, escuelas y hospitales.
    – La liberación de la mujer y la eliminación de la discriminación racial
    siguen siendo asignaturas pendientes. Los intereses de la comunidad LGBT
    son engavetados por la organización oficial del Centro Nacional de
    Educación Sexual (CENESEX), que excluye a los disidentes y opositores.
    – La ausencia de democracia asfixia la posibilidad del desarrollo del
    país y alimenta la corrupción en todos los niveles de la sociedad. No
    hay transparencia ni rendición de cuentas fiables. El monopolio de la
    prensa alimenta la corrupción.
    Los instrumentos represivos están siempre presentes en la vida cotidiana
    de la población.
    – El sistema económico y político cubanos reflejados en los Lineamientos
    y los congresos del Partido no se conectan con la realidad del país, y
    acotan todos los derechos a los intereses de una cúpula
    partidaria-estatal-militar.

    Enumero a continuación las propuestas de estos grupos, todas muy
    relacionadas con el punto de partida de la realidad actual del país.
    Ninguna se pronuncia por el futuro sino por el presente del país:
    – La amnistía para todos los presos políticos y la ratificación de los
    Pactos de Derechos Humanos firmados por el Gobierno en 2008, pero con
    carácter vinculante, que obligue a transformar las leyes nacionales que
    se contradicen con dichos pactos.
    – La necesidad de pasar a un Estado de Derecho, en el cual nadie esté
    por encima de la ley, con un Tribunal de garantías constitucionales, con
    independencia de los Poderes ejecutivos, legislativo y judicial de los
    dictámenes de un partido único ni de ningún otro.
    – La pluralidad política con partidos políticos y elecciones libres con
    observadores internacionales que puedan verificar de manera
    independiente los resultados electorales.
    – La necesidad de respetar la propiedad privada en todas sus formas
    colectivas o individuales, pequeña, media y nacional; en primer lugar,
    de los cubanos dentro y fuera del país. Con una legislación que la
    proteja y regule los impuestos y las instancias de litigio jurídico, hoy
    disfuncionales. También para la inversión extranjera directa.
    – La creación de una nueva Constitución, cuyo referente consensuado sea
    la Constitución de 1940, actualizada, pero que necesita consulta popular
    y diversidad de partidos. Crear el reglamento que la articule a las
    demás leyes para que sea realmente la Carta Magna. Hoy los numerosos
    decretos leyes contradicen y/o violan la Carta Magna.
    – El reconocimiento de todas las organizaciones de la sociedad civil
    como legales y autónomas, incluyendo las organizaciones que luchan
    contra la discriminación racial, la ampliación de derechos y demandas de
    las mujeres, el movimiento LGTB, y las organizaciones ecologistas.
    – Un Estado laico que respete a todas las confesiones sean católicas o
    no, sin privilegios ni prebendas a unas sobre otras.
    – La democracia no se circunscribe al voto aunque es preciso como
    mecanismo de consulta nacional en condiciones de pluralidad y garantías
    de derechos. Por eso, también se propone la descentralización no solo
    económica, sino también política hacia los municipios y que la propiedad
    pública no pueda ser dirigida por ningún partido político ni por ninguna
    fuerza militar.

    Se me ha hecho difícil sintetizar todas las demandas y propuestas porque
    los activistas cubanos las han desarrollado al detalle en cada una de
    sus organizaciones. Este trabajo es un resumen de un trabajo más amplio
    en el cual cada grupo habla de sus visiones y diagnósticos y hace
    propuestas alternativas casi todas muy detalladas.

    Cuando el Gobierno cubano dice que no hay propuestas alternativas,
    invisibiliza las propuestas de la sociedad civil. Lo que falta es
    voluntad política para reconocer y respetar las demandas de las
    organizaciones civiles independientes.

    Este trabajo forma parte de una investigación de tesis de doctorado
    concluida: Discursos de la resistencia: los proyectos políticos
    emergentes en Cuba (2002- 2012).

    Source: Obstáculos para el empoderamiento de la sociedad civil | Diario
    de Cuba – www.diariodecuba.com/cuba/1464201107_22630.html

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