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    Cuidado con el policía-juez!

    ¡Cuidado con el policía-juez!
    El 1ro de octubre entró en vigor en la isla el decreto-ley 310, que
    faculta a los uniformados para calificar delitos y juzgar y sancionar a
    los infractores con multas desde 200 hasta 7000 pesos..
    Rolando Cartaya
    octubre 02, 2013

    Entró en vigor en Cuba este 1ro de octubre el decreto-ley 310 que
    modifica el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal y que permitirá
    a agentes de la policía cubana investigar y calificar delitos y juzgar y
    sancionar a los infractores.

    Acerca de la medida, promulgada a fines de junio por Raúl Castro, la
    jurista independiente Laritza Diversent señaló oportunamente a
    martinoticias.com que empeoraría el clima de inseguridad jurídica de la
    ciudadanía e incrementaría la posibiidad de abusos contra los derechos
    de los cubanos.

    El policía podrá en adelante no sólo pedirle a cualquier ciudadano
    cubano el carnet de identidad y conducirlo a la estación para que aclare
    allí, sino que él decidirá si usted cometió un delito; determinará cuál
    , y si se trata de uno penado con menos de tres años de cárcel tal vez
    no lo enviará a los tribunales, pero le impondrá una multa que podrá
    oscilar entre 200 y 7.000 pesos cubanos:

    ARTÍCULO 1.- Se modifica el apartado 3 del artículo 8 del Código Penal,
    que queda redactado de la forma siguiente:

    3.- En aquellos delitos en los que el límite máximo de la sanción
    aplicable no exceda de tres años de privación de libertad o multa de
    hasta mil cuotas o ambas, la autoridad actuante está facultada para, en
    lugar de remitir el conocimiento del hecho al Tribunal, imponer al
    infractor una multa administrativa, siempre que en la comisión del hecho
    se evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones
    personales del infractor como por las características y consecuencias
    del delito. Para la aplicación de esta prerrogativa a los delitos
    sancionables de uno a tres años de privación de libertad, se requiere la
    aprobación del Fiscal .

    ARTÍCULO 6.- Se modifica la Disposición Especial del Código Penal, la
    que queda redactada de la forma siguiente:

    DISPOSICIÓN ESPECIAL

    ÚNICA: A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 8 de
    este Código, para los delitos cuya sanción no exceda de un año de
    privación de libertad o multa de cien a trescientas cuotas o ambas, la
    multa administrativa aplicable no podrá ser inferior a doscientos pesos,
    ni superior a dos mil pesos. No obstante, el límite máximo de la multa
    podrá extenderse hasta tres mil pesos cuando las circunstancias
    concurrentes en el hecho o en el infractor así lo aconsejen.

    En cuanto a los delitos cuya sanción aplicable pueda ser superior a un
    año y hasta 3 años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas
    o ambas, la multa administrativa a imponer no será inferior a quinientos
    pesos, ni superior a cinco mil, aunque en determinados casos, atendiendo
    a las condiciones personales del autor y las circunstancias
    concurrentes, pueda aumentarse hasta siete mil pesos.

    Diversent, activista del proyecto de asesoría legal gratuita Cubalex,
    explicó a martinoticias la esencia de las modificaciones: a fin de
    aligerar la carga de los tribunales provinciales, abrumados por un alza
    de la “criminalidad” (en su mayor parte delitos económicos como
    Actividad Económica Ilícita, Acaparamiento, Venta sin Licencia,
    Intervención en el Mercado Negro etc.) se transfiere a los tribunales
    municipales la autoridad para juzgar un 78 por ciento de los delitos
    previstos en el Código Penal.

    Pero a su vez, los gendarmes estarán facultados para resolver mediante
    multas administrativas un 53 por ciento de esa actividad delictiva. Sólo
    en un 26 por ciento de esos casos necesitarán que su decisión sea
    aprobada por un fiscal.

    Hasta ahora la autoridad de los policías para imponer multas se limitaba
    prácticamente a contravenciones con una sanción máxima de un año de
    privación de libertad. La sanción a imponer era de hasta 1.000 pesos
    cubanos, susceptible de aumentar a discreción del agente hasta 2.000
    pesos “atendiendo a las condiciones personales” del infractor.

    Además el plazo para el pago de las multas administrativas resulta
    demasiado corto, como reza en la Disposición Especial:

    Si el culpable satisface el pago de la multa y cumple los términos de la
    responsabilidad civil dentro de los diez días hábiles siguientes al de
    su imposición, se tendrán por concluidas las actuaciones y el hecho, a
    los efectos penales no será considerado delito. No obstante, el actuante
    remitirá las actuaciones a la autoridad competente, cuando el infractor
    así lo solicite o no abone la multa o no cumpla lo dispuesto en cuanto a
    la responsabilidad civil.

    Si bien el infractor tendrá la opción de pedir defenderse en la corte,
    Diversent no lo recomienda pues “una vez que se activa la vía judicial,
    hay muchísimas instrucciones del Tribunal Supremo para que los
    tribunales inferiores castiguen con severidad”.

    Aunque uno de los objetivos de las modificaciones es enviar menos
    personas a las cárceles y reducir una gravosa población penal (la sexta
    mayor tasa del mundo en relación con la población total), la jurista
    anticipa que las onerosas multas –en discordancia con los bajos
    ingresos– acabarán empujando al infractor a delinquir de nuevo para
    poderlas pagar, y a la larga, a los tribunales.

    “¿Están los policías debidamente capacitados para calificar legalmente
    un hecho y juzgarlo?”, se pregunta la autora del blog Jurisconsulto de Cuba.

    A su juicio, lo ideal hubiera sido restituir la figura del juez de
    instrucción, de modo que fuera un perito legal quien calificara el
    delito, con la posibilidad (no contemplada en las modificaciones) de que
    la persona acusada, como es su derecho, fuera acompañada desde el inicio
    del proceso por la asesoría de un representante legal.

    Source: “¡Cuidado con el policía-juez!” –
    http://www.martinoticias.com/content/policias-cubanos-con-autoridad-de-jueces/28047.html

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