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    Sospechosa de asesinato sale del país

    Sospechosa de asesinato sale del país
    Monday, September 5, 2011 | Por Laritza Diversent

    LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) – El Ministerio del
    Interior (MININT) mantiene en prisión a 6 personas por un supuesto
    delito de asesinato, mientras ha dejado escapar a la testigo presencial
    y principal sospechosa del caso.

    Leonardo Rodríguez, Pedro Valerino, Jesús Daniel Forcade, Ramón
    Hechavarría, Leonardo Limonta y Juan Enrique Galindo, fueron detenidos
    entre octubre y noviembre de 2010, por el asesinato del joyero, Humberto
    González, la madrugada del 14 de septiembre de ese año. Al presente, el
    caso sigue en proceso instructivo.

    La fiscalía decidió aplicar la medida cautelar de prisión provisional a
    estas personas porque supuestamente ocasionaron al joyero lesiones que
    le provocaron la muerte. La muerte de González fue violenta, provocada
    por asfixia mecánica, por presión sobre el cuello y obstrucción de los
    orificios nasales y la boca, según certificó Medicina Legal.

    Según la hipótesis de las autoridades, los sospechosos robaron en la
    vivienda del señor González Otaño, con el rostro cubierto, mientras este
    dormía junto a su esposa, Esther Fernández Almeida. Después de hacerlo
    confesar donde guardaba el dinero y las joyas, se marcharon dejándolos
    encerrados en la vivienda.

    Supuestamente, la esposa del orfebre no pudo identificar a los dos
    agresores que penetraron en su vivienda, vestidos con ropas oscuras,
    mascaras y guantes. Según sus declaraciones, entre los objetos
    sustraídos se encontraban 5 sortijas, 3 cadenas y 2 pulsos, todos de oro
    18 quilates, además de dinero en moneda nacional, pesos convertibles y
    dólares norteamericanos, sin poder precisar la cifra exacta.

    No obstante ser la única testigo presencial de los hechos y la última
    persona que vio con vida al joyero asesinado, las autoridades le dieron
    a Fernández Almeida un permiso para salir del país hacia España, el
    pasado 23 de marzo.

    Humberto González Otaño se dedicaba a comercializar joyas, cambiar pesos
    convertibles por dólares norteamericanos y guardaba elevadas sumas de
    dinero y prendas, en su casa, en San Miguel del Padrón. Según declararon
    los detenidos, era conocido en La Habana como el hombre que mejor pagaba
    el oro.

    Según consta en el expediente de fase preparatoria a cargo de la
    División de Investigaciones Criminales y Operaciones (DIVICO), conocido
    como 100 y Aldabó, en el capitalino municipio Boyeros, los detenidos
    confesaron que planearon, y en dos ocasiones intentaron, robar en casa
    de Tarzán, apodo con el que conocían al joyero, pero desistieron de hacerlo.

    Tampoco existe evidencia física que ubique a los sospechosos en la
    escena del crimen. No obstante, las autoridades los mantienen bajo
    prisión provisional, aun cuando los actos preparatorios a la ejecución
    de un delito y el desistimiento, según el Código Penal cubano, no son
    sancionable.

    La mayoría de los encausados residen en Mantilla, barriada marginal y de
    alto índice de peligrosidad del periférico municipio Arroyo Naranjo, el
    más pobre de la capital cubana. Sus familiares protestan porque las
    autoridades no tienen pruebas que destruyan la inocencia de estos, y
    afirman, que los mantienen bajo prisión, por tener antecedentes penales
    en delitos de robo con fuerza.

    A pesar de que la prolongación excesiva de la detención preventiva
    afecta la presunción de inocencia y lesiona el derecho a la libertad
    personal, en la legislación cubana no existen plazos máximos
    establecidos para mantener en prisión a una persona durante el
    desarrollo de un proceso penal.

    Una de las madres de los detenidos presentó una queja por escrito ante
    el Ministerio Fiscal y del Interior, y el órgano de justicia en la
    capital. Recibió respuesta del Tribunal de la Habana, que se reconoció
    incompetente para conocer el asunto, porque el caso aun se encontraba
    bajo proceso instructivo.

    El gobierno cubano irrespeta las garantías del debido proceso, mientras
    sus ciudadanos carecen de recursos legales efectivos para defenderse del
    exceso de poder de las autoridades; más cuando en Cuba, ningún tribunal
    tiene jurisdicción para conocer asuntos de materia constitucional, aun
    cuando se trate de violación de los derechos humanos.

    http://www.cubanet.org/articulos/sospechosa-de-asesinato-sale-del-pais/

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