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    Cuántos presos políticos hay en Cuba?

    ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba?
    La guerra de cifras en la elaboración de listas de disidentes presos
    introduce confusión en el proceso de excarcelaciones
    FERNANDO GARCÍA | LA HABANA | 17/10/2010 | Actualizada a las 03:31h |
    Internacional

    Cuántos presos políticos quedan en las cárceles cubanas? La disparidad
    entre las respuestas de grupos disidentes, organizaciones de derechos
    humanos y países interesados es tan amplia que roza el absurdo. Mientras
    unos ven el tema prácticamente zanjado tras las liberaciones y anuncios
    de los últimos meses, otros manejan listas cada vez más complejas o
    hablan de "centenares" de prisioneros de ese tipo.

    Radiografía carcelaria

    POBLACIÓN RECLUSA 55.000-80.000 Las cifras oscilan entre los 55.000
    presos estimados por la ONU y los 80.000 de la disidente Comisión por
    los Derechos Humanos y la Reconciliación de Cuba, incluidos los
    recluidos en hospitales penitenciarios.

    PRISIONES 200 según fuentes opositoras, de las cuales 100 son campos de
    trabajo, 50 centros de alta seguridad y otros 50 de seguridad media.

    Presos políticos

    POR TERRORISMO Y VIOLENCIA

    Delitos de sangre: tres condenados a muerte. Ernesto Cruz y Otto
    Rodríguez por un atentado con un muerto, y Humberto Eladio por matar a
    un militante comunista. Actos de fuerza: 11 sentenciados a cadena
    perpetua. Cuatro por el secuestro de una lancha de pasajeros y siete por
    el intento de secuestro de un avión.

    CONTRARREVOLUCIONARIOS CON CARNET

    36 presos de los más de 100 clasificados como "contrarrevolucionarios"
    son militantes de organizaciones, unas pacíficas y otras acusadas de
    terrorismo.

    EXCARCELABLES POR TIEMPO DE CONDENA

    69 presos políticos son excarcelables por haber cumplido más de la mitad
    de sus penas. Cumplen de uno a treinta años de cárcel.

    El asunto adquiere especial importancia ahora que Raúl Castro acaba de
    confirmar con los hechos su disposición a extender las excarcelaciones
    más allá de lo pactado con la Iglesia en julio.

    El presidente cubano se comprometió entonces ante el cardenal Jaime
    Ortega a poner en libertad a 52 presos políticos en el plazo de "tres o
    cuatro meses", con prioridad para los que accedieran a trasladarse a
    España. Se trataba de aquellos que, dentro del grupo de los 75 detenidos
    en la Primavera Negra (2003), aún permanecían en prisión en aquel
    momento. A fecha de hoy, las excarcelaciones en este grupo suman 39. Así
    que sólo quedan 13 por salir, aunque la mayoría de estos se niegan a
    viajar a España.

    Pero el pasado sábado la Iglesia cubana, encargada de comunicar las
    liberaciones, anunció la próxima salida de la cárcel de tres reclusos
    que no figuran entre aquellos 52. Uno de estos tres, Rolando Jiménez
    Posada, condenado a doce años por revelación de secretos de la Seguridad
    del Estado y desacato, figura entre los adoptados por Amnistía
    Internacional (AI) como "presos de conciencia". Su excarcelación y las
    de los que restan de la Primavera Negra pondrían a cero la lista de la
    respetada organización.

    Las tres liberaciones extra corroboraban, por otra parte, dos anuncios
    anteriores respecto a la política de cierta manga ancha prevista por
    Raúl Castro en este tema: uno, el que el presidente del Parlamento
    cubano, Ricardo Alarcón, hizo a finales de julio en el sentido de que el
    Gobierno liberaría a "todos" los presos políticos sin delitos de sangre;
    y dos, el formulado a primeros de este mes por el portavoz de la
    disidente Comisión por los Derechos Humanos en Cuba, Elizardo Sánchez,
    sobre una nueva e inminente excarcelación "masiva" que beneficiaría
    incluso a algunos condenados por "terrorismo", aunque él y otros
    opositores cuestionan la veracidad de dicho cargo.

    Sánchez ha ejercido durante años como portavoz disidente en lo referido
    a los presos en la isla. Su lista de reclusos por motivos políticos
    asciende actualmente a 101, pero, aunque suele tomarse como referencia,
    su composición es muy controvertida. Sobre todo porque en ese centenar
    se incluyen los nombres de dos condenados por un atentado terrorista con
    un muerto, los salvadoreños Ernesto Cruz y Otto Rodríguez; a un tercero,
    Humberto Real, declarado culpable de asesinar a un militante comunista;
    a cinco cómplices de este último, y a más de cuatro decenas de convictos
    por terrorismo, actos de sabotaje, tenencia de armas, espionaje y piratería.

    Las combativas Damas de Blanco – esposas y madres de los 75-se
    desmarcaron hace semanas de la lista de Sánchez, precisamente por
    considerar que los implicados en delitos de sangre y otros hechos
    violentos deben ser excluidos del proceso. Pero el miércoles último las
    Damas entregaron a la Iglesia una lista propia con 113 nombres de presos
    que, a su juicio, el Gobierno debería añadir a los 52 mencionados. Según
    la portavoz del movimiento, Laura Pollán, el documento acoge sobre todo
    a decenas de reclusos con derecho a la libertad condicional por haber
    cumplido más de dos tercios de condena, así como a otros con expedientes
    judiciales no públicos o dudosos.

    Más moderadas parecen las expectativas de la Iglesia y el Gobierno
    español, que también manejan informes de disidentes y familiares. Pese a
    su discreción al respecto, puede estimarse que ambas instituciones
    aspiran a que las liberaciones suplementarias a las del dossier de la
    Primavera Negra sumen de 60 a 80.

    El listón más alto, incluso por encima de la disidencia interna, lo
    ponen el Partido Popular español y la organización Human Rights Watch
    (HRW). Uno y otra aseguran que en Cuba quedan cientos de presos
    políticos aparte de los que está previsto liberar: una presunción aún
    más negativa que la de Estados Unidos, que suele hablar de "más de cien".

    La postura del PP es, no obstante, compleja. Días después de que su
    portavoz de Asuntos Exteriores, Gustavo de Arístegui, denunciara la
    existencia de esos "centenares" de reclusos, su grupo entregó al
    Gobierno un documento con sólo 27 excarcelables.

    Tanta confusión en torno al número de presos políticos en Cuba sólo se
    explica teniendo en cuenta algunas peculiaridades jurídicas y políticas.
    Una porción importante de presos reivindicados por su actividad política
    fueron condenados bajo acusaciones de delincuencia común. Otros están
    entre rejas por "peligrosidad social predelictiva", controvertida figura
    penal de amplísimo espectro. O por vulnerar la ley de Protección de la
    Independencia Nacional, que la oposición ha rebautizado como ley mordaza
    por su enorme "discrecionalidad".

    El enconamiento político entre las partes y los intereses personales y
    hasta materiales de una parte de la oposición tampoco son ajenos a la
    guerra de cifras. No es un secreto que EE. UU. dedica decenas de
    millones de dólares a lo que Washington y sus leyes de embargo llaman
    "apoyo a la democracia en Cuba", aunque la mayor parte del dinero se
    queda en Miami.

    La existencia de un número considerable de presos es un argumento
    crucial para la oposición, lo que también juega a favor de
    las listas
    más numerosas.— Estiren o no los números, los disidentes se quejan por
    otra parte de lo que ven como "destierro" de los excarcelados, aunque
    todos los que han viajado firmaron una declaración de voluntariedad.

    Esta semana, el Gobierno ofreció el traslado a EE. UU. a la familia de
    Orlando Zapata, el preso fallecido en huelga de hambre, y a siete ex
    reclusos con licencia extrapenal por enfermedad, de los que cinco
    aceptan y dos reclaman el derecho a salir y volver libremente.

    Algunos sectores de la disidencia, como las propias Damas de Blanco y la
    comisión de Elizardo Sánchez, empiezan a cambiar y diversificar sus
    discursos para poner menos énfasis en estos reclusos y más en los
    derechos cívicos y culturales, en general, así como en los problemas
    económicos del país, el recorte de empleo público en marcha (500.000
    puestos de aquí a marzo) o la "insuficiencia" de la apertura a la
    economía privada mediante la planeada concesión de cientos de miles de
    licencias para el trabajo por cuenta propia."

    http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20101017/54024633931/cuantos-presos-politicos-hay-en-cuba.html

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