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    La burla que se repite

    Política
    La burla que se repite

    El gobierno se ha empeñado en mostrar una apariencia novedosa para
    esconder las violaciones a los derechos humanos.

    Miriam Leiva, La Habana | 04/02/2009

    A juzgar por el informe del gobierno al Consejo de Derechos Humanos, en
    Cuba el filósofo Panglós, personaje ideado por Voltaire, no habría
    tenido que abandonar el optimismo.

    El escrutinio que todos los países deben pasar cada cuatro años se
    efectuará a la Isla este 5 de febrero en el Grupo de Trabajo que
    recibirá el informe de una troika integrada por Gabón, Uruguay y Bosnia
    y Herzegovina, y será adoptado el próximo día 9. En su condición de
    miembro del Consejo, La Habana se ha empeñado en mostrar una apariencia
    novedosa para esconder las verdades.

    Resultaría una burla al pueblo cubano olvidar la crisis económica,
    social y política existente, sin que el gobierno aplique los cambios
    imprescindibles para reconstruir el país que ha destruido en 50 años de
    poder absoluto, ni permita a los ciudadanos expresar libremente sus
    opiniones, decidir la forma de gobierno o tener trabajo con salarios
    adecuados y pensiones dignas. Las autoridades encarcelan a conveniencia,
    controlan férreamente el movimiento dentro de las fronteras y niegan a
    la gente el permiso para salir y entrar al país.

    En Cuba hay un único partido político y las supuestas organizaciones no
    gubernamentales están financiadas y dirigidas por el gobierno, que
    controla igualmente la prensa, la radio y la televisión. Sólo 17 de cada
    1.000 habitantes tienen acceso autorizado a internet desde los hogares;
    y en los escasos lugares públicos está muy controlado.

    En 2008, se permitió a los cubanos adquirir teléfonos celulares y
    alojarse en los hoteles de la Isla, a un elevado costo en divisas,
    aunque los salarios se perciben en moneda nacional. Está prohibido
    recibir transmisiones de televisión extranjera, y únicamente las
    personas autorizadas y usualmente enviadas por el Estado pueden
    participar en las ferias internacionales del libro u otros eventos.

    El "amplio proceso de debate nacional de la realidad cubana" señalado en
    el informe de La Habana, se organizó para emitir opiniones "en el lugar
    y el momento adecuados" —como dijera el general Raúl Castro—. Pero
    pasado más un año, aún no se han publicado los planteamientos según
    prometió el gobernante, ni se ha modificado nada esencial.

    Las cárceles hablan

    Hay que recordar la permanente negativa a permitir pesquisas de
    dignatarios, personalidades relevantes como Christine Chanet, y
    prestigiosos organismos internacionales, como Cruz Roja y Amnistía
    Internacional; el no reconocimiento a los presos de conciencia y
    políticos pacíficos, acusados falsamente de "contrarrevolucionarios al
    servicio de una potencia extranjera"; la prohibición a los visitantes
    extranjeros de reunirse con la sociedad civil emergente o con activistas
    por la democracia y los derechos humanos.

    Cuba es el país de Iberoamérica con la mayor población penal y el sexto
    a nivel mundial, con 487 presos por cada 100.000 habitantes, la mayoría
    jóvenes, negros y mestizos. Una situación incomprensible en un país
    donde se ha creado "el hombre nuevo", según la propaganda oficial, y más
    del 70% de la población nació después de 1959.

    En el informe del gobierno cubano se habla de la justicia e
    independencia del sistema judicial, sin incluir el arresto en marzo de
    2003 de 75 personas pacíficas, considerado arbitrario por el Grupo de
    Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en junio de ese año, cuando
    también Amnistía Internacional las declaró prisioneros de conciencia.
    Prestigiosos juristas internacionales han concordado en que los juicios
    sumarios a los condenados en la Causa de los 75 no contaron con el
    debido proceso. El texto de La Habana tampoco precisa que en abril de
    2003 tres jóvenes negros fueron fusilados por haber cometido el error de
    secuestrar un barco para escapar de Cuba, sin cometer hechos de sangre.

    El informe afirma que se cumplen los 95 preceptos de las Reglas Mínimas
    para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, pero los reos
    cubanos están hacinados en prisiones que ahora las autoridades intentan
    adecentar a toda prisa; y los presos políticos conviven con encarcelados
    comunes de alta peligrosidad.

    Las informaciones que llegan desde las cárceles detallan las
    dificultades para acceder al agua potable en la mayoría de las
    penitenciarías, la mala y escasa alimentación, así como pésimas
    condiciones higiénicas: humedad, falta de iluminación y ventilación.

    Muchos reclusos realizan huelgas de hambre para lograr demandas mínimas,
    llegando incluso a optar por el suicidio. Para intentar doblegar a los
    reclusos, los carceleros utilizan innecesariamente esposas y cadenas.
    Los presos políticos son recluidos en centros alejados de sus hogares,
    imponiendo a sus familiares un régimen de lejanía, vigilancia,
    discriminación y represión, además de manipular la comunicación como
    pretendido chantaje, ni permitirles visitas de amigos, y demorar los
    tratamientos médicos y traslados a centros hospitalarios fuera de la
    prisión.

    Vanas ilusiones

    Durante la situación de provisionalidad y el posterior enroque de
    presidentes, se creó la ilusión para el exterior de que se acometerían
    los cambios indispensables para afrontar la crisis nacional, que las
    empresas extranjeras tendrían mayores posibilidades, y simultáneamente,
    se darían pasos propicios para el fomento de la democracia y el respeto
    de los derechos humanos. La tranquilidad ciudadana, mostrada como amplio
    apoyo incondicional, se ha logrado con gran despliegue sigiloso de los
    órganos represivos y el incremento de las condenas por presunción de
    delitos.

    La Habana firmó, al cabo de 40 años de aprobados, el Pacto de Derechos
    Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
    Culturales, que aún no ha ratificado. Luego perdonó las penas de muerte,
    creó un Grupo de Trabajo con el gobierno de España y se realizaron
    encuentros sobre derechos humanos con algunos otros países.

    La Unión Europea eliminó las sanciones impuestas en 2003, aunque las
    relaciones con sus miembros son selectivas y muy condicionadas por el
    totalitarismo cubano, que incluso rechazó la ayuda humanitaria luego de
    los tres huracanes de 2008. También logró la incorporación al Grupo de
    Río y otros mecanismos de la región, además de acoger a presidentes como
    Cristina Fernández de Kirchner.

    Desvelar verdades y promover cambios es responsabilidad de todos los
    cubanos, pero los gobiernos que respetan o procuran respetar los
    derechos humanos en sus países, los organismos y la opinión pública
    internacionales, pueden contribuir a la probidad en Cuba en beneficio
    del pueblo.

    http://www.cubaencuentro.com/es/cuba/articulos/la-burla-que-se-repite-153231

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